Medidas absurdas
En todas las ciudades del país, durante las últimas décadas se han venido proliferando las ventas de alimentos en algunos sitios estratégicos de las localidades, que en la mayoría de los casos no han sido autorizadas por las autoridades. La profunda crisis económica que están afrontando más del 70% de las familias colombianas las están abocando a crear negocios por cuenta propia, específicamente a través de ventas callejeras de alimentos. Igualmente, las personas ven en estos comederos, la oportunidad de adquirir comidas rápidas a más bajos precios. Esta es la verdadera realidad que estamos viviendo en el país. No podemos negar que esta tradición jamás se podrá eliminar, mientras persistan la falta de oportunidades laborales. El Estado se ha vuelto incapaz para subsanar los desequilibrios del mercado laboral.
El episodio registrado en Bogotá en el que el ciudadano Stiven Claros denunció que un policía le impuso un comparendo de más de 883.000 pesos por comprar una empanada en la calle, se convirtió en una de las noticias más comentadas de la semana. El caso motivó innumerables críticas en las redes sociales, donde muchos ciudadanos expresaron su rechazo al hecho de que una persona pudiera recibir semejante sanción por un hecho tan simple y cotidiano como comer en la calle. Lo anterior ha generado una fuerte reacción de la opinión pública a nivel nacional e internacional. Se ha vuelto viral en todas las redes sociales y se ha convertido en burlas a través de mensajes y nemes contra el actuar oficial.
Pero no debemos generar estos actos burlescos, que buscan desdibujar el accionar de esta institución. El gobierno nacional, debe buscar estrategias que conduzcan a mejorar los ingresos de las familias colombianas que ejercen esta actividad económica. Los colombianos debemos ser disciplinados socialmente y respetar la normatividad vigente, así nos cueste trabajo cambiar el paradigma que hemos mantenido a través de nuestras vidas. Aunque resulte incómodo, debemos cumplir con estas premisas jurídicas, para armonizar la sana convivencia que debe caracterizar a nuestra sociedad.
Desde que entró en vigor, se han impuesto 3.344.734 medidas correctivas por haber transgredido el Código Nacional de Policía. De éstos, 88.674, obedecen a la ocupación del espacio público. Por el caso de consumir alimentos en las vías, se impusieron 1.200 comparendos durante la vigencia de 2018. El Estado debe proteger el trabajo y brindar a los vendedores ambulantes, un espacio adecuado para ejercer sus actividades. Aunque parezcan absurdas estas medidas, la aplicación del Código Nacional de Policía, debe ejercerse por parte de la Fuerza pública.
