Los magistrados de la JEP

Uno de los resultados que se desprenden de los puntos del Acuerdo Renegociado de Paz suscrito por el gobierno nacional y las Farc, está la creación del Tribunal Especial para la Paz, que se ocupará de los delitos cometidos que no son amnistiables, ni indultables, como los de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento, entre otros. Esta decisión consensuada ha generado, una controversia entre la opinión pública nacional, especialmente por algunos sectores políticos como el Centro Democrático quienes plantean que es una forma de legalizar la impunidad. Fueron seleccionados los magistrados que conformarán este Tribunal, teniendo en cuenta que son los mismos requisitos exigidos para ser togado de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, para ocupar dichas magistraturas. Todos tienen conocimientos del Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos o Resolución de Conflictos. Además, no serán de carrera administrativa. Actualmente se encuentra a consideración del Congreso de la República, el proyecto que fija las reglas para que funcione la justicia y la paz, donde serán procesados los excombatientes y los civiles señalados de delitos atroces, lo cual se constituye en una de las iniciativas más importantes dentro de la fase de implementación del mismo con las Farc.

Es indispensable que una vez se inicie en forma este tribunal, los sindicados deberán someterse a las reglas establecidas para confesar sus delitos, aceptar su responsabilidad, someterse a un proceso judicial. En la lista de los 51 magistrados que fueron escogidos y que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyos nombres reveló este martes el Comité de Escogencia, hay juristas indígenas, afrodescendientes y de una larga trayectoria en la academia o en la carrera judicial. Dentro de los magistrados escogidos se encuentran los huilenses Jesús Ángel Bobadilla Moreno y Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. El primero es abogado de la Universidad del Rosario. Fue delegado por Colombia en las comisiones preparatorias para el establecimiento de la Corte Penal Internacional.  Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El segundo es abogado de la Universidad del Rosario, fue delegado por Colombia en las comisiones preparatorias para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Es Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad colombiana aspira que no se vayan a convertir en un centro acumulativo de quejas contra los miembros de las Farc que resulten investigados, dado el alto volumen de procesos que recibirán de la rama judicial, que suman 32.433 expedientes en los que se están investigando 110.086 delitos criminales. Esta será una afrenta jurídica que tenemos que asumir todos los colombianos para poder culminar con éxito este doloroso conflicto armado que hemos padecido los colombianos durante las últimas cinco décadas.