Los efectos colaterales del paro universitario

La protesta de las universidades públicas inició hace casi 60 días y en la Universidad Surcolombiana comenzó el 24 de octubre con el cese de clases de todos los programas académicos de pregrado. La justa reclamación por la histórica deuda del Estado hacia la educación pública, ha sido valientemente abanderada por los estudiantes universitarios, con un irrestricto apoyo de la ciudadanía.

Las negociaciones con el Gobierno Nacional se han dilatado pues el Presidente Duque no quiere acceder a las justas pretensiones de las universidades, supuestamente porque no hay presupuesto para cubrir el grave desfinanciamiento que asciende, según cálculos del Sistema Universitario Estatal, a $1,4 billones para funcionamiento y $15 billones para infraestructura.

Este paro indefinido de actividades ha generado muchas consecuencias directas en  los estudiantes, como es la suspensión de sus clases. En el mediano plazo existe el grave riesgo que se pierda el semestre, pues de acuerdo a lo decidido en las últimas reuniones, no levantarán el cese hasta tanto el Gobierno no otorgue un mayor apoyo a la educación.

De esta movilización nacen otros afectados que constituyen los denominados “efectos colaterales” que son invisibilizados con la protesta. Son ellos los docentes catedráticos y contratistas de las universidades, quienes no reciben remuneración si no hay clases. También está la economía informal que se mueve alrededor de las universidades como cafeterías, fotocopiadoras, puestos de comidas, ventas ambulantes, transporte urbano e incluso mototaxistas, que no reportan ingresos si los miles de estudiantes de las universidades no llegan a las aulas.

Están además las pérdidas económicas que las instituciones educativas –como la Surcolombiana- están asumiendo actualmente y que aumentará con el no ingreso del pago de matrículas de los antiguos y nuevos estudiantes admitidos, así como el pago de derechos pecuniarios de certificados, grados, etc.

Este efecto dominó solo se podrá detener si las partes logran un buen acuerdo que beneficie a las universidades públicas y con ello la educación que reciben miles de estudiantes.

(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).