Los altos costos de la corrupción

Expertos internacionales han expresado que las grabaciones interceptadas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, son la cuota inicial de todas las chuzadas que se tienen almacenadas en las mismas, donde comprometen seriamente a los funcionarios y algunos exponentes de la dirigencia política del país, que a la vez están muy asustados porque a cualquier momento, pueden ser entregados las pruebas a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la Nación, por haber cometido actos indelicados en el desempeño de sus funciones o por su actuar delictivo. Todos sabemos que, si no hubiera sido por las evidencias que se entregaron a las autoridades judiciales, nunca se hubiera conocido de los casos más aberrantes y detestables que han cometido algunos servidores públicos, parlamentarios y altos dignatarios de las Altas Cortes. Es indignante y muy denigrante para la sociedad colombiana, todos los casos de corrupción que diariamente se conocen por la delación de los sindicados que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia. Ahora que se acercan las justas electorales el próximo año, de las elecciones parlamentarias y presidenciales, se ha venido generando una masiva inscripción de los candidatos por medio de firmas, con el fin de comprometerse con los movimientos políticos, que están siendo diezmados, porque sus integrantes se encuentran en la picota pública o se encuentran encarcelados por los escándalos de corrupción.

Así se diga lo contrario, la proliferación de las firmas como mecanismo para lanzar las candidaturas presidenciales, no es más que la consolidación a nivel nacional de una práctica que se viene pervirtiendo en las elecciones regionales. Además, existe una gran preocupación porque se trata de una perversión del espíritu original de esta herramienta, acción poco recomendable en momentos en que la ciudadanía demuestra mayor sensibilidad frente a esta clase de conductas que riñen con la normatividad vigente en el país. Aquellas que hacen equilibrio sobre la raya que señala el límite entre lo éticamente aceptable y esa zona gris que alberga lo que puede ser todavía legal, pero ya es impresentable ante el constituyente primario que rechaza toda intencionalidad para votar por esta clase política, que ha perdido su voluntad política a favor de los mismos. Se puede inferir que es una señal de una democracia vigorosa, de una ciudadanía empoderada que recurre a las herramientas que le brinda la Constitución, en busca de nuevos aires, dado el desgaste de las viejas instituciones. Lo cual, sobre el papel, suena alentador. Aunque algunos analistas han expresado que el erario ha sido saqueado en más de 20 billones de pesos durante los dos últimos años, en todas las altas esferas de la administración pública, sigue reinando la impunidad en los estrados judiciales porque no se generan resultados sobre estas contravenciones a las normas vigentes para tal efecto.