Llamado a la calma
Los sectores de la oposición han convocado a un paro generalizado del sector productivo para el próximo jueves 21 de noviembre, para expresarle al gobierno nacional su inconformismo, por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica. En el editorial correspondiente al fin de semana, expresábamos que el accionar gubernamental del actual equipo económico del alto gobierno ha sido confuso.
No hay derecho que se le siga esquilmando los bolsillos al pueblo colombiano, con las tres reformas tributarias que, durante los dos últimos periodos presidenciales, se han implementado. Además, el aumento sucesivo, sistemático y mensual de los precios de los combustibles, han generado una progresiva disminución de la capacidad de pago de la sociedad colombiana y por ende al progresivo empobrecimiento de la población.
Además, con los anuncios irresponsables del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera, de establecer un Iva a toda la canasta familiar, reformas al sistema general de pensiones y al trabajo que buscan flexibilizar los ingresos de los trabajadores en detrimento de sus menguados ingresos, entre otros, se han convertido en los detonantes para que se generalice una inconformidad contra el actuar del gobierno nacional. Afortunadamente el presidente Iván Duque Márquez ha salido a desmentir públicamente, que estas medidas no se van a adoptar durante el presente gobierno, para buscar bajarle intensidad a las intenciones de este paro, que puede desencadenar violentas protestas sociales.
De cara a este panorama, hay que ser enfáticos en condenar las vías de hecho como sustituto de las instancias y mecanismos que la Constitución dispone para la participación ciudadana. Aquí no puede haber espacio para matices. Es pertinente también solidarizarse con los cientos de miles de afectados, comerciantes, e industriales hasta los habitantes de la ciudad, que tendrán que padecer de la falta del transporte público y particular, por el accionar belicista de algunos desadaptados sociales, que se pueden infiltrar en las marchas.
Se puede decir que es normal y señal de buena salud democrática que la gente se organice para expresar inconformidades y dar a conocer sus posturas políticas, pero esto no puede darse de tal modo que sistemáticamente se estén afectando los derechos de la mayoría. Tampoco es aceptable que se haga bajo la premisa de que la mejor forma de alcanzar notoriedad y lograr concretar los objetivos es por la ruta del atajo, de ignorar y, de esta manera, destruir los canales institucionales. Reiteramos que no se puede instaurar la idea de que es válido pasar por encima de los derechos de los demás, para hacer valer los propios.
