Legislación que favorece la corrupción

Desde hace décadas en Colombia se han venido discutiendo estrategias para la lucha contra la corrupción y la creación de una verdadera política que prevenga este grave flagelo que aqueja al país desde el momento en que se instituyó como República.

Leyes, decretos, “slogans”, discursos y muchas buenas intenciones han sido las “fórmulas mágicas” que los sucesivos gobiernos han inventado para hacerle frente a este cáncer que literalmente está consumiendo todas las esferas de la sociedad.

Esta semana ocurrió lo que todo el mundo ya estaba esperando y que concierne a uno de los protagonistas de los más sonados casos de corrupción: Guido Nule, partícipe del saqueo a Bogotá, quedó en libertad después de cumplir una insignificante condena y sin devolver el dinero robado del erario público.

El mensaje que se envía a la sociedad no puede ser más claro. Quien roba al Estado corre un leve riesgo que sea descubierto, pues los órganos de control son débiles y en muchos casos corruptos. Si está muy de malas y es agarrado, existe la gran posibilidad que la justicia no actúe, pues como se sabe, la Fiscalía frecuentemente deja vencer los términos.

Y si el delincuente está muy pero muy de malas y su proceso llega a etapa de juicio y hay condena en su contra (eventualidad muy remota), el corrupto tiene la gran probabilidad de recibir una pena relativamente baja y la opción de salir rápido si estudia y trabaja en prisión. Al tener dinero disponible -robado al Estado- el malhechor puede comprar una buena celda con ciertas comodidades pues es bien conocida la corrupción en las cárceles. Así, después de cumplir una breve privación de la libertad, el bandido quedará libre y listo para disfrutar la vida con los recursos saqueados a la nación.

Este indignante panorama es el fruto de estrategias erradas, normas muy favorables al corrupto y un sistema judicial y carcelario ineficiente.

La ciudadanía solo espera que el Congreso y el Gobierno cumplan el mandato de la consulta anticorrupción y por fin exista voluntad política para combatirla y no solo dejarla en sus justas proporciones, como alguna vez lo dijo el Presidente Turbay.

(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).