Legalizar un fraude electoral
Por Jóse Eustacio Rivera Montes
El nuevo código electoral colombiano que cabalga silenciosamente por el Congreso de la República, contiene incisos y numerales que surge su debate número 7 de 8 que exigen para su final aprobación, entre sesiones virtuales y algunos cómplices presenciales, dejan al garete unos senderos para comprar votos descaradamente, y dejar que el dinero circule libremente en cada elección, pero además dejar abiertamente autopistas de fraude.
Como bien lo estimó German Vargas Lleras en su columna de opinión, busca una abierta estructura burocrática, no busca cambios estructurales que busquen mejorar el sistema, que sobre lo necesario no se ha estimado ni una sola palabra. Todo queda ha disposición del gobierno nacional donde se le otorgan facultades descaradamente extraordinarias. ¿Dónde quedó la transparencia que de manera asolapada venía teniendo el gobieno de Iván Duque?
Soy consciente de que se vienen las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, y quienes hacen gobierno no registran aceptación en la ciudadanía, buscan abiertamente crear plantas de personal, modificar y clasificar empleos, subir abiertamente salarios y fondos por doquier.
Algunas instituciones deben modernizarse y estar a la vanguardia de la administración pública, pero aquí se ve que el remedio es peor que la enfermedad. Las medidas casi discriminatorias frente a los movimientos significativos de los ciudadanos, haciendo exigencias en muchos casos impracticables por los costos que representan, también como el tratamiento discriminatorio frente al voto en blanco son manifiestamente incostitucionales.
El pensar en regular la modalidad de voto anticipado y de voto electrónico como otra modalidad de voto presencial, es garantizar la condición adecuada a un semillero de fraudes. La tecnología se debe aplicar para apoyar y refrendar la transparencia del sufragio. Pero abrirle nuevas troneras a la pulcritud de los resultados en un país donde muchas entidades públicas ni siquiera han sido capaces de tener una página web amigable, se vislumbra muy costoso.
Con un silencio de la ministra del Interior y una feria de nombramientos a favor de varios congresistas, se estima que tenga un apoyo significativo del Congreso en Cámara baja y alta. Sin duda es un adefesio como lo estima Vargas Lleras, un monumento a la burocracia, despilfarro, inseguridad y politiquería en cada uno de los 271 artículos.
Que el gobierno hoy lo avale sin calcular sus costos, presupuesto y estimados, deja mucho que pensar en quienes hemos venido haciendo veeduría a este código que más que tranquilidad y seguridad, traer orangutanes muy peligrosos para la democracia colombiana.
