Las marchas cocaleras
La situación de orden público en algunas regiones del país se ha complicado por las crecientes marchas cocaleras, que están siendo aprovechadas por algunos sectores poblacionales que se encuentran inconformes por el accionar gubernamental centralista, que los ha mantenido relegados de la asignación de inversiones que conduzcan a mejorar su nivel de vida. Igualmente se sienten engañados por las falsas promesas que les han realizado en otrora, las distintas carteras ministeriales que han tenido la responsabilidad de atender las demandas sociales de estos actores. Ante el incumplimiento estatal, se han visto abocados a prestar sus servicios laborales a los carteles del narcotráfico, para sembrar la hoja de coca, donde obtienen jugosas ganancias, que superan en más del 600%, que lo que obtienen con los cultivos tradicionales. Durante el presente gobierno, se cambió la política de erradicar los cultivos ilícitos a través de la persuasión y en algunas regiones utilizando la fuerza. Por este motivo, los colombianos nos hemos venido acostumbrando a la oleada de paros que se están presentando de manera periódica, como respuesta a la negativa de las demandas sociales que han sido propuestas al gobierno nacional, desde meses atrás y que se han traducido en protestas sociales. Inclusive no se han cumplido con los puntos pactados en Actas que se han logrado acordar anteriormente, pero que se han visto engañados de manera reiterativa por parte del alto gobierno.
Actualmente tenemos grandes marchas cocaleras, donde se han unido los indígenas y otros sectores de la izquierda para apoyar este paro. Desafortunadamente algunos grupos violentos se han unido a esta protesta y están generando el taponamiento de las principales vías de algunas regiones que están afectando la dinámica productiva. Además, se ha visto la debilidad del actual primer mandatario de los colombianos, porque ha permitido que se secuestren a algunos miembros de la fuerza pública sin justa causa. Es inaudito que ésto se genere, cuando se necesita la presencia de la autoridad para evitar estos abusos, que están generando a los demás sectores poblacionales del país una afectación profunda al normal desenvolvimiento de la vida cotidiana. Es impensable que el gobierno nacional tenga los suficientes recursos para compensar en parte la difícil situación de estas regiones del país. Tras los estragos y las lecciones de casi medio siglo de lucha contra el narcotráfico, es fundamental que se les ofrezca a las más de 106.000 familias que hoy viven de los cultivos de coca, alternativas reales de desarrollo que les permitan escapar de los cantos de sirena de los narcos. Es claro que las condiciones socio económicas de la población tiene una profunda crisis en la demanda interna, por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica del Estado. Por tal motivo, debemos estar preparados por la escalada de protestas que se nos avecinan.
