LAS CONFESIONES DE LAS FARC
Un revuelo político y judicial han causado las confesiones de los miembros del Ex Secretariado de las Farc, ante la JEP. En un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR), recibió una carta de esta Organización ex subversiva, en la cual se ofrece a aportar la verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad de los execrables y repudiables homicidios de los siguientes dirigentes políticos: Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1.995.
Igualmente, los magnicidios de Hernando Pizarro León Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 1995; José Fedor Rey (Alias Javier Delgado), asesinado el 30 de junio de 2002; Jesús Antonio Bejarano, perpetuado el 15 de septiembre de 1999. Por último, el crimen del Representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, asesinado el 15 de noviembre de 1987.
A pesar de que los exguerrilleros señalan que dirán la verdad en la justicia transicional, voceros de la Fiscalía General aseguran que seguirán investigando el delito, que fue declarado por el ente acusador de lesa humanidad, y que continuarán adelante con la citación de testigos e indiciados.
Lo anterior ha generado un revuelo en toda la opinión pública, porque muchos de estos crímenes, los organismos de Control del Estado han sentenciado a algunas personas a largas condenas de privación de su libertad. Lo anterior coloca en tela de juicio, la rigurosidad de las investigaciones, porque solo se han soportado en delaciones por obtener beneficios económicos y rebaja de penas, por parte de delincuentes.
Este debe ser uno de los propósitos que debe contener la Reforma Judicial que debe abordar en las próximas sesiones el Congreso de la República. No podemos seguir permitiendo que pos simples delaciones, que en la mayoría de las veces no se tienen soportes ni pruebas suficientes, muchas personas terminen siendo condenadas injustamente con la anuencia de los Organismos de Control. Cualquier ciudadano de bien, puede ser objeto de falsos testimonios, que conduzcan a condenas injustas o a sanciones absurdas, porque se conjugan intereses políticos.
La sociedad colombiana tiene derecho a conocer la verdad y solamente la verdad, de las causas que originaron estos asesinatos y de muchos otros, donde se desconocen los autores materiales e intelectuales. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre. Hay que felicitar a la JEP por estas investigaciones que están realizando, para conocer lo sucedido durante el conflicto armado que padeció la sociedad colombiana durante más de cinco décadas provocado por este ex grupo insurgente. Estamos ansiosos de conocer estos hechos que han enlutado a muchas familias colombianas.
