Las chuzadas que no existieron
El escándalo alrededor de las “chuzadas del ejército” ha quedado sin piso alguno, como el de las fosas comunes de Dabeiba, al reconocer públicamente la Caja de Compensación COMPENSAR que los dos micrófonos encontrados en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, corresponden “al sistema de comunicación que en su momento fue instalado en la oficina de la dirección del consorcio de salud y la sala de juntas contigua, como parte del protocolo de infraestructura en instalaciones arrendadas”.
COMPENSAR era el arrendatario anterior al local de la sala de instrucción donde fueron encontrados dos micrófonos (desconectados) en virtud del contrato de arrendamiento que estipulaba que, al término del mismo, todas las oficinas se dejaban con el mobiliario, equipamiento y cableado existentes.
De esta manera, se ha establecido de antemano que el pretendido escándalo que protagonizó la revista Semana sobre “las chuzadas ilegales del ejército”, carecen por completo de veracidad.
Muy seguramente, este nuevo “escándalo” fue realizado con el claro propósito de desacreditar el servicio de inteligencia militar y al Ejército Colombiano, al culparlo de tales procedimientos, causándole un grave perjuicio institucional al Ejército Nacional, al acusarlo de realizar interceptaciones y seguimientos ilegales a Congresistas, Magistrados, y periodistas.
Grave daño se le ha hecho de nuevo a la institucionalidad del país y a la democracia. Seguramente, la Corte Suprema de Justicia esclarecerá éste injusto escándalo y se deberá establecer plenamente quienes fueron los responsables directos de la falsa información a la revista Semana, con su manifiesta complicidad.
La honorable Corte ya ha escuchado a varios de los uniformados que hacen parte de la inteligencia militar, quienes han negado por completo las acusaciones de las cuales han sido objeto, concretamente, de haber realizado labores ilegales de inteligencia a personajes de la vida pública. Quienes hayan sido los promotores de la falsa información, deberán ser sancionados por la justicia y por la opinión pública.
