La vía Neiva – Tello - Baraya, la ruta olvidada del paraíso por descubrir

Es histórico el abandono y retraso que viven las diferentes comunidades asentadas en los municipios del norte del Huila. Esto obedece a un común denominador: la falta de voluntad política y gestión pública de varias administraciones que han gobernado más preocupadas por el mejoramiento del bienestar propio que por cumplir con los fines esenciales del Estado, como están consagrados en la Constitución Nacional y que alguna vez juraron cumplir.

Las sociedades asentadas en la vía Neiva – Tello – Baraya, puerta de entrada a Villavieja y al Desierto de La Tatacoa, han clamado, por más de diez años al gobierno departamental, que intervenga esta vía con el fin de poder mejorar sus condiciones sociales y económicas. Sólo hasta finales del año 2015 se adjudicó el contrato, que tenía como objeto el mejoramiento vial y mantenimiento de determinados puntos o sectores críticos de la vía Neiva – Tello – Baraya, al consorcio VIASCOL por 14.953 millones de pesos y un plazo de ejecución de ocho meses, que vencía en agosto o septiembre de 2016. El contrato de interventoría se asignó a la Cooperativa de Profesionales de Colombia “Creer en lo Nuestro”, por 1.046 millones de pesos.

Lo preocupante del tema, más allá de los inconvenientes y problemas presentados en los estudios y diseños, que menciona la administración departamental como caballito de batalla, es la parsimonia, lentitud y falta de gestión y decisión, por parte del gobierno, para darle una pronta y efectiva solución al problema.

Algunos hechos relevantes, con corte a julio de 2018, que hacían inferir que el contratista iba a incumplir el contrato son: i). La obra presentaba un avance de sólo el 76%, cuando se debió entregar DOS AÑOS ANTES, aunque se le habían otorgado tres prorrogas al contratista para culminar el proyecto; ii) La interventoría fue sancionada por incumplimiento del contrato en el año 2017; iii). Adicionalmente, una auditoría realizada por Planeación Nacional, debido a que la ejecución del contrato está financiada con recursos del Sistema General de Regalías, lo clasificó como “un proyecto crítico con peligro inminente de pérdidas de recursos”, resaltando el pobre desempeño del contratista y la ineficiente labor de la interventoría.

A pesar de los hechos, es evidente la condescendencia y laxitud de la administración departamental con el contratista, actitud no entendible para ningún ciudadano y menos para los miles de habitantes de las comunidades afectadas. ¿Cómo es posible que trascurran dos años desde la fecha de terminación del contrato y no se haya declarado la caducidad de este? Sólo hasta septiembre de 2018, el gobierno departamental se “dio cuenta” que el contratista iba a incumplir e inició el proceso de caducidad. A finales de ese año, se adjudicó un nuevo contrato por 2.242 millones de pesos y un plazo de cuatro meses, finaliza en abril de 2019, para terminar todas las obras pendientes.

Ojalá que así sea por el bien de las comunidades afectadas porque es realmente difícil que descubran el paraíso que es el Huila si a cambio de vías se tienen caminos de herradura.