La unificación de periodos traiciona el mandato popular
La pretendida unificación de los periodos de los alcaldes y gobernadores con los del presidente de la Republica, es abiertamente inconstitucional, así lo presentan reconocidos constitucionalistas. Y si se aprueba para que tenga vigencia de manera inmediata, indudable que será una afrenta al principio democrático.
Este escenario en lugar de mejorar la imagen de los congresistas, enrarecerá el ambiente político, porque detrás de la iniciativa hay otros puntos significativos para el Ejecutivo que convertirán a los partidos de gobierno en unas fortalezas que desconocen el derecho que tiene el pueblo colombiano a elegir y a ser elegido.
El espíritu del constituyente de 1.991 fue inflexible y concluyente contra la incompatibilidad de las elecciones conjuntas con el firme propósito de impedir el clientelismo, ya que los mandatarios siempre oficiaban claramente en las regiones como los jefes de debates de sus congresistas y sus candidatos presidenciales.
En lugar de despejar dudas, la iniciativa se nota a leguas que lo que se pretende es torcer nuevamente el mandato constitucional (como se hizo en el gobierno Uribe que modificó la Constitución Política para reelegirse), para extender el periodo del Presidente y tener tiempo de hacer a su favor de su partido las reformas antes el terminar su mandato de cuatro años, para el cual fue elegido por el pueblo colombiano.
Si el Gobierno es respetuoso del mandato popular ¿por qué no propone que esta reforma tenga efecto en el próximo periodo constitucional?
Sería más honrado y le daría mayor legitimidad al presidente Duque y por consiguiente mejores garantías a los eventuales candidatos de prepararse para las elecciones.
El argumento de unificar los planes desarrollo de la Nación con los de los departamentales y los municipales, es una ilusión que están vendiendo para convencer a los congresistas con el único fin de que voten a favor de la iniciativa, además del engrase, al que en el gobierno de Santos le llamaban mermelada.
Todo mundo sabe que aunque existen los principios de descentralización, y la autonomía de las entidades territoriales, como formas de organización política, el Gobierno nacional no los respeta, y un solo ejemplo gráfico, es que hasta las regalías de las regiones petroleras se las llevaron para manejarlas desde Bogotá.
Claro que los gobernadores y alcaldes deben estar contentos, y como no van a estarlo si existe la posibilidad de aumentarles su periodos en dos años, quién va a despreciar este regalo.
Sin embargo, es un desconocimiento al mandato popular, porque el congreso rebasaría el poder del constituyente, ya que es un derecho y un deber del ciudadano elegir y ser elegido y el voto es expresamente programático.
El constituyente fue claro al manifestar que el voto es programático y la ciudadanía vota por un programa “y cuando el mandato es imperativo las personas elegidas en los cargos están obligadas a ceñirse a las instrucciones dadas por sus electores.” Que en este caso fue por un periodo constitucional de cuatro años.
En ese orden, el único derecho una vez se elige al gobernante el de revocarle el mandato y nunca aumentarle el tiempo de periodo para el cual fue elegido, así lo expresa la constitución.
Estoy seguro de que esta iniciativa si pasa en el Congreso va a tener serios tropiezos posteriormente en la Corte Constitucional, porque lloverán las demandas y seguramente la mayoría discutirá que el Congreso ha violado el esquema de organización política que hace alusión a Estado Social de Derecho a quienes determinaron elegir por cuatro y no por seis.
Ahora, si se unifican los periodos del presidente y los de gobernadores y los alcaldes, necesariamente volverían las entidades territoriales a quedar inmersas en una formula del Presidente que es el ordenador del gasto y que maneja el presupuesto nacional, y en ese orden sería un retroceso que traicionaría la voluntad del pueblo colombiano y los fines democráticos.
