La sociedad colombiana frustrada
En todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de corrupción que se están presentando en el país, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los organismos de control. Se empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se encuentran hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de las dependencias judiciales. Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, que enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de contratación pública.
Por eso, es inaudito que el proyecto anticorrupción que se estaba tramitando al interior del Congreso de la República, haya sido archivado por las triquiñuelas y los intereses de algunos actores de esta célula legislativa, de hundir esta iniciativa de origen popular. Era claro que se pretendía eliminar de tajo, el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios condenados. Faltando una sesión durante la presente legislatura, la Cámara de Representantes no logró establecer la conciliación del texto con el Senado, producto de una tortuosa agenda que impidió que se cristalizara uno de los sueños de los colombianos de ver a los corruptos en la cárcel.
Igualmente se contemplaba eliminar las bajas penas que se tienen actualmente. El aumento de éstas, las inhabilidades más severas para la contratación estatal por parte de los condenados por delitos contra el patrimonio público y el fortalecimiento de las sanciones a las personas que utilicen para sus fines, de la información reservada, son entre otros, los delitos que quedaron en el cuarto del olvido, por culpa de un Congreso que no quiere auto reformarse, ni que lo controlen.
La sociedad colombiana, espera que el gobierno nacional cumpla con los compromisos de crear una política pública ejemplarizante para contrarrestar el mayor flagelo que se presentan en el manejo de los recursos públicos. El reclamo unánime de la ciudadanía en general, para quienes saquean los recursos públicos, deben sancionarse drásticamente para generar un ambiente de confianza entre el Estado y la comunidad en general. Y el Legislativo no puede sustraerse de tal responsabilidad frente a un tema sensible.
