La responsabilidad por incumplimiento de las promesas de campaña

En época electoral los políticos a cualquier cargo público de elección popular, acostumbran a hacer propuestas de la más variada índole, todas dirigidas a seducir el voto del elector, así su cumplimiento sea una quimera.  

La reciente negativa del Presidente Santos de firmar una ley aprobada por el Congreso de la República, que buscaba la reducción de los aportes a salud del 12 al 4% es prueba fehaciente de ello.

La esperanza de miles de pensionados que devengan mesadas irrisorias se transformó en rabia y frustración, debido a las mentiras de campaña del Presidente Santos. Si bien el Primer Mandatario y su Ministro de Hacienda pueden tener razón en los argumentos técnicos y económicos que impiden llevar a cabo esta disminución, el enfado radica en el manoseo y en el fraude al elector por las mentiras de campaña.

Dicha promesa era una franca irresponsabilidad pues el frágil e inequitativo sistema pensional que tiene Colombia, no tolera una desfinanciación como la que el Presidente-candidato proponía a los ilusionados beneficiarios.

El sistema pensional colombiano requiere una urgente revisión, pues el Estado está subsidiando con los ingresos de la nación a los pensionados que más ganan, por lo que disminuir los aportes a todos los jubilados, representaría más de 2 billones de descuadre para el sistema pensional.

Esta situación no es nueva, ya que es una falacia alegar que en junio de 2014 -cuando Santos hizo la propuesta- la situación era una y ahora la situación es otra. Gran mentira.

Este tipo de promesas fraudulentas e incumplidas –así como la de no subir los impuestos- queda sin consecuencia alguna; lo único que logra es aumentar el índice de desfavorabilidad de Santos, que para el presente momento creo que poco o nada interesa.

Es hora de que todos los sectores políticos empiecen a considerar la posibilidad de implementar algún mecanismo de sanción jurídica a los políticos y sus partidos que utilizan al elector para sus fines electorales con falsas promesas de campaña, y no dejarlo solo para el nivel territorial con la inútil y costosa revocatoria de mandato para alcaldes y gobernadores. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).