La rendición de cuentas
En el marco normativo de los mecanismos de participación ciudadana que dicho sea de paso poco han sido utilizados, existe el de la obligatoriedad para los servidores públicos de elección popular en alcaldías y gobernaciones, de realizar al término de sus períodos, la rendición de cuentas de su gestión pública.
Es por ello que en estos días, las redes sociales y los medios de comunicación son prolíficos en transmitir la invitación de tales funcionarios a los actos públicos en los cuales convocan a la ciudadanía a conocer en detalle los logros y realizaciones de sus respectivos períodos.
Por desfortuna, la experiencia ha demostrado que dicho mecanismo se ha constituido más en un medio para afianzar o consolidar la imagen de los gobernantes en el propósito de ascender en su carrera política, pues los alcaldes quieren llegar a ser diputados y los gobernadores aspiran a llegar al congreso.
Los informes que se publican contienen generalidades y muy pocos se fundamentan en cifras que puedan ser contrastadas o verificables. En relación con los temas fiscales y financieros, muy poca veracidad ofrecen pues se limitan a registrar lo del período sin que haya manera de comparar con los registros del período anterior, única forma de medir y valorar la eficiencia de la gestión en esas materias.
En la gran mayoría de los municipios de cuarta y quinta categoría, es ya bien conocido que los ingresos propios vienen decayendo año tras año; razón por la cual, el sistema general de participaciones que administra el gobierno nacional constituye finalmente la fuente principal de los recursos, aunque tienen una destinación específica para salud, educación, saneamiento básico, y un pequeño porcentaje para el pago de nómina; quedando por fuera de las posibilidades reales de financiamiento, otros sectores sociales y de infraestructura que son indispensables para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente los del sector rural.
En estas circunstancias resulta decisiva la capacidad de gestión de los alcaldes que comienzan su período, dado que el nuevo esquema implementado por el presidente Duque, en el sentido de abolir las partidas presupuestales destinadas al clientelismo de los congresistas, los obliga a estructurar proyectos de desarrollo que con eficaz fundamento técnico y social, les permita acceder a los programas y recursos previamente definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por su parte los gobernadores, aunque disponen de mejores ingresos fiscales y de más amplia capacidad de endeudamiento; así como de ingresos adicionales por regalías en las regiones productoras, mejorados sustancialmente por el nuevo acto legislativo; acumulan muchas necesidades en infraestructura vial, equipamiento urbano, protección eficaz de los recursos naturales, especialmente el hídrico, y en la indispensable ordenación del territorio y uso del suelo, factor esencial para la correcta planificación del desarrollo regional.
En tan complejo panorama es cada vez más necesaria la intervención oportuna y eficaz de la Contraloría y la Procuraduría; dirigida a validar objetivamente los resultados de la gestión gubernamental de alcaldes y gobernadores; con el fin de que la ciudadanía tenga elementos de juicio serios y confiables para de ésta manera acabar con las nocivas rendiciones de cuentas que solamente han servido para exaltar la vanidad personal y el deseo de promocionar la imagen para ascender en la carrera política de quienes ejercen tales funciones públicas.
Quizás de ésta manera, los reiterados actos y escándalos de corrupción que tanta indignación despiertan en los ciudadanos, podrían desvelarse con mayor oportunidad y eficacia para que los corruptos reciban su merecido, ahora por fortuna, sin derecho a la casa por cárcel.
