La protección constitucional al Amazonas
Por Germán Alfonso López Daza
Siguiendo la misma línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la protección del medio ambiente, la Corte Suprema de Justicia profirió esta semana una trascendental decisión que busca preservar la Amazonía colombiana, de la agresión a la que hasta la fecha ha sufrido por obra de la mano del hombre.
Esta sentencia se une a la providencia de tutela (T-622 de 2016) que protegió al Rio Atrato y lo reconoció como sujeto de derechos para su salvaguarda, conservación mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.
La importante decisión de la Corte Suprema de Justicia reconoció los derechos ambientales de las futuras generaciones los cuales se fundamentan en el deber ético de la solidaridad de la especie y en el valor intrínseco de la naturaleza. La grave deforestación que se viene presentando en la región amazónica amenaza con afectar de forma directa todo el país, pues la formación de las lluvias que alimentan los páramos en la región andina, nacen en la Amazonía. En pocas palabras, sin la Amazonía no hay agua.
La obligación del Estado de responder eficazmente a la deforestación de la selva amazónica, a la expansión de los cultivos ilícitos, a la minería ilegal y en fin a la ampliación de la frontera agraria no ha sido fructífera. La falta de medidas contundentes llevó a que un grupo de niños y jóvenes presentaran la acción, buscando la activa intervención de los jueces ante la pasividad e ineficiencia de toda una lista de entidades a veces inservibles –como las corporaciones autónomas regionales y el MinAmbiente- para que enfrenten con acciones efectivas la grave amenaza que se cierne sobre el pulmón de Colombia.
La ciudadanía solo espera que esta decisión no se convierta en un saludo a la bandera pues en muchas ocasiones, ni con órdenes judiciales el Estado actúa. Como ejemplo de lo anterior está el fallo del Consejo de Estado que dictaminó la descontaminación del rio Bogotá o la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila que ordenó a la Alcaldía de Neiva la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para dejar de seguir contaminando el rio Magdalena. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
