La pregunta del millón

Por: Luis Humberto Tovar Trujillo

Si la reclutada y violada fuera su hija o nieta, usted hubiera aprobado en el acuerdo tenebroso entre Farc Santos que las violaciones fueran perdonadas? Supongo que mi interlocutor es una padre de familia y abuelo, con elementales condiciones morales, que es mucho decir, sobretodo que no me refiero, a aquellos representantes a la Cámara que votaron negativamente la objeciones presidenciales a la JEP.

Doy por descontadas las andanzas morales de ellos. ¿Acaso la politica partidista está por encima del interés moral y ético de la Nación?

¿Acaso las venganzas políticas están por encima de los valores morales, donde se encuentran involucrados niños y niñas, a quienes les fueron asesinados su futuro y su destino, y lo más grave, su dignidad?

¿Acaso es políticamente posible, que el congreso de Colombia, niegue de plano ser el representante de una sociedad, en un régimen de representación política, cuando niega e ignora valores fundamentales de la sociedad, como es su dignidad?

¿Es posible, de paso aceptar, con la decisión reciente de la cámara de representantes, que la violación, secuestro y reclutamiento de menores no es un delito de lesa humanidad, con el fin de habilitar social, política y jurídicamente a los victimarios, a cambio de prebendas ilícitas?

Definitivamente, da asco encontrar personas y episodios de la vida nacional, donde valores y principios son entendidos como obstáculos para la realización de conductas delincuenciales; es el enfrentamiento vulgar entre la moral y el derecho. Quien así procede es un delincuente y así debe ser tratado.

¿Acaso esta debacle moral e institucional, no merece que la sociedad vuelva por sus fueros y sea llamada a refrendar o a modificar y hasta señalar nuevos derroteros institucionales acudiendo a los mecanismos de participación señalados en la constitución?

Teniendo el presidente Duque, el respaldo del pueblo colombiano, debería presentar al congreso los correpondientes proyectos, para convocar al pueblo, para salir de este verengenal, máxime cuando existe una alianza macabra entre la justicia y la corrupción como el mayor mal que padece nuestra sociedad, donde el narcoterrorismo es el producto de esa corrupción?

Es lo políticamente correcto; y de negarse el congreso a aprobar los proyectos mencionados, debemos acudir como decía el filósofo “a las vías de hecho institucionales” para salvar el derecho.

No hay derecho a que las atroces maneras, abortivas desde luego, contra unas instituciones, como fueron, el atraco al plebiscito y la utilización de mecanismos inexistentes (Fask Track) en la constitución, hayan ocasionado el desorden social e institucional, donde nadie se salva de esa desconfianza que reina hoy en la sociedad, y menos aún la administración de justicia, que debe ser el garante verdadero de la paz y no pactos tenebrosos hechos y aplicados en la oscuridad.