La politización de la justicia
La Honorable Corte Suprema de Justicia nuevamente ha dado muestras de su ineficiencia e incapacidad para tomar decisiones oportunas, justas e imparciales, como es su deber, en el ejercicio de sus funciones, donde han primado los intereses politiqueros, de roscas y de poder con oscuros intereses.
La reforma Constitucional de 1991 (Constituyente) politizó la justicia al consagrar en el Artículo 231: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura”.
Desde el año 2018 se han venido presentando vacantes en la Corte Suprema por vencimiento de periodo de algunos de sus miembros (8), sin que haya sido posible la elección de sus reemplazos (40 intentos fallidos), y lo que es peor, ya no es viable por requerirse el voto unánime de diez y seis de sus miembros, cuando solamente quedan 15 miembros.
Al momento de escribir esta columna, no sabemos el resultado de la convocatorio a sala plena extraordinaria para el día viernes, pero lo único cierto es que se han negado a cumplir con sus obligaciones, ante el asombro de los colombianos.
Ojalá no se tomen decisiones “amañadas” en favor de sus intereses y creemos que la fórmula indicada para destrabar el funcionamiento de la Honorable Corte, sería declarar, por parte del Presidente de la República y de sus Ministros, el Estado de Emergencia de que trata el Artículo 215 de nuestra Constitución, mediante decretos con fuerza de ley, para conjurar la crisis actual de la justicia.
El Congreso de la República deberá ser convocado para los 10 días siguientes al vencimiento del término del Estado de Emergencia, si éste no se hallare reunido, para examinar el informe motivado que presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
Igualmente, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que se expidieren.
Ahora que se anuncia un proyecto de reforma a la justicia, deberían afrontarse los dos temas graves de fondo: la politización de la justicia a través del Consejo Superior de la Judicatura, y la absoluta impunidad de que gozan actualmente los honorables Magistrados por sus actuaciones.
