La Lealtad y la Coherencia
El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo que es fiel en sus acciones o en su comportamiento y se caracteriza por su dedicación y su cumplimiento, inclusive cuando las circunstancias son adversas.
Lealtad es sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez y de honestidad, entre otros valores morales y éticos, lo que permite desarrollar fuertes relaciones sociales y de amistad, porque se crean vínculos de confianza muy sólidos que generan el respeto de los demás.
Lo opuesto a la lealtad es la traición, que es la falta que comete una persona cuando defrauda en forma grave la confianza de otra.
Yo no entiendo las razones de los enemigos de la paz para tildar al presidente Santos de traidor, ¿solamente porque no se convirtió en la marioneta que esperaba el expresidente Uribe? Veamos con serenidad los hechos:
La primera diferencia entre Juan Manuel Santos, recién llegado a la Presidencia de la República y Álvaro Uribe fue el nombramiento de Germán Vargas Lleras, hoy su aliado político (¿esto es coherencia? ¡Quién lo creyera!), y Juan Camilo Restrepo como ministros. Ambos habían sido duros críticos del gobierno de Uribe, especialmente por el tema del paramilitarismo, pero Santos les pidió, haciendo uso de sus facultades presidenciales, que fueran sus ministros de Vivienda y Agricultura, respectivamente.
El mismo Uribe reconoció que esos nombramientos fueron la manzana de la discordia de la relación y proclamó, a través de su activa cuenta de Twitter, que el gobierno de Santos quería desviarse del rumbo que él le había trazado.
Como si fuera poco, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, que fue una de las primeras medidas de Santos como presidente, hizo que Uribe se saliera de sus casillas. A los pocos días de su posesión, el 10 de agosto de 2010, el jefe de Estado colombiano se reunió con Hugo Chávez en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. En la reunión, los mandatarios acordaron restablecer las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, e incluso Santos dijo que Chávez era su “nuevo mejor amigo”, lo que provocó la ira de Uribe, quien había roto las relaciones con Venezuela por sus diferencias irreconciliables con ese gobierno de izquierda. La noticia le cayó como un baldado de agua fría. El expresidente insistió en que Chávez protegía a los terroristas de las Farc y los ocultaba en su territorio de la Fuerza Pública colombiana.
Uribe, que gozaba de una altísima popularidad, acusó a Santos de deslealtad y sus áulicos empezaron a vociferar rabiosos por las redes sociales que Santos era un traidor.
El expresidente Uribe nunca quiso reconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia y consideraba a las FARC como una amenaza terrorista. El 24 de mayo de 2011 el Congreso aprobó la Ley de Víctimas, una norma sin precedentes que buscaba la reparación material y simbólica de las víctimas del conflicto armado en Colombia y Uribe fue el primero en criticar la decisión porque la Ley reconocía, por primera vez, la existencia del conflicto armado.
Para Uribe, las Farc -y los demás grupos armados- debían ser tratados como criminales. “Quienes amenazan contra la vida, honra y bienes de la población civil no están en conflicto con el Estado. Son una amenaza criminal” y “No hay razón legal para vincular reparación de víctimas con reconocimiento de terroristas”, fueron algunos de los trinos con los que Uribe criticó la iniciativa de Santos.
La gota que rebosó el vaso de agua y que resquebrajó definitivamente la relación entre Santos y Uribe llegó en agosto de 2012, cuando el expresidente reveló en un acto público en la ciudad de Sincelejo que el Gobierno mantenía conversaciones secretas con la guerrilla de las Farc.
Las declaraciones de Uribe fueron desmentidas por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la Canciller María Ángela Holguín, pero el rumor siguió creciendo hasta que, a finales de ese mes, Santos aceptó públicamente que estaba negociando con las Farc. Desde ese momento Uribe y sus áulicos del Centro Democrático no han dejado de vociferar, a los cuatro vientos, que Santos traicionó la causa para la cual fue elegido.
La mitad de esos reclamos sí podrían ser ciertos porque los votos que en 2010 hicieron presidente a Santos le pertenecían en inmensa mayoría a Uribe. Pero la balanza de la gobernabilidad se revirtió cuando en 2014 Santos fue reelegido con votos propios, enfrentando al candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, que lo había derrotado parcialmente en la primera vuelta,
La acusación de traidor es el INRI que le han colgado a la cruz en que tienen clavado al presidente Santos, quien presintiendo que habrían de utilizar el letrero, le dijo a Patricia Lara en entrevista del 31 de diciembre de 2010 que al terminar su gobierno lo llamarían “traidor de su clase”, como a Franklin Delano Roosevelt.
Traidor, no bajo la lupa acusadora de Uribe, sino por su condición de aristócrata y millonario que adelanta reformas sociales o económicas más cercanas a un ideario político de izquierda que de derecha.
La verdad es que Juan Manuel Santos ha aplicado un modelo económico neoliberal, donde la venta de Isagén, para financiar los proyectos de vivienda y de las carreteras 4G, que manejó Germán Vargas Lleras para ganar popularidad, brilla con luz propia. Esa venta ya la había intentado hacer Oscar Iván Zuluaga, como ministro de Hacienda de Uribe, pero no le resultó.
No se pueden desconocer las iniciativas del gobierno Santos, de corte liberal y progresista, como las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras impulsadas por Juan Fernando Cristo, la última de las cuales ha cohesionado contra el gobierno al exprocurador Alejandro Ordóñez y al todavía presidente de Fedegán, José Félix Lafourie, como también a los despojadores de tierras.
A título de discusión se podría decir que Juan Manuel Santos sí fue, es y seguirá siendo un traidor de su clase por el solo hecho de haber llevado a buen puerto, contra viento y marea, el proceso de paz. Pero, ¿en qué traicionó a Uribe?
La gran mayoría del empresariado colombiano es partidaria de las tesis uribistas, por una sencilla razón: porque a un buen número de poderosos industriales y banqueros colombianos, les produce cierto temor la figura del tribunal de justicia que se acordó en La Habana, definido como Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), el cual tendrá como objetivo “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”.
Para entender mejor el párrafo anterior es importante citar la sentencia que en mayo de 2015 emitió el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín con motivo de la condena al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde advirtió que “ese capítulo de los financiadores de los crímenes de los paramilitares aún está abierto; mientras los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz empiezan a recuperar su libertad tras pagar su pena alternativa de ocho años, quienes les entregaron millonarios recursos para garantizar su sostenimiento ni siquiera han sido investigados”. Aparece muy claro que es coherente con sus temores oponerse a que el Congreso apruebe la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP).
Y la cereza para coronar el postre de la politiquería es la deslealtad y la incoherencia de los EE.UU. con el Proceso de Paz, pues a sabiendas que se requiere cuadruplicar los fondos para garantizar la sustitución de los cultivos de coca, que es el combustible que alimenta la violencia generada por el narcotráfico, amenazan con recortar la ayuda para el año fiscal 2018, condicionando el 30 % de los fondos -que ascenderían a 336 millones de dólares- a que Colombia, con sus propios medios reduzca sus cultivos de coca.
La solución no es solo la erradicación. Para ser exitoso el Proceso de Paz se requiere una estrategia que afronte todas las partes del problema, por lo que hay que pensar en la educación, el desarrollo alternativo, el desmantelamiento de laboratorios y la lucha contra el lavado de dinero, además de la inversión en infraestructura. Si no hay carreteras e infraestructura adecuadas, el campesino no podrá llevar sus cultivos al mercado y va a volver a plantar coca. Y los desmovilizados de las Farc van a unirse a las bandas criminales. Es así de simple.
Resumiendo. La actitud del expresidente Uribe con respecto a Germán Vargas Lleras, ahora que se necesitan para sus movidas políticas, no es coherente con la antipatía que le ha guardado desde antes de que Santos fuera presidente.
Vargas Lleras es desleal con Santos y con el Proceso de Paz, lo mismo que su partido Cambio Radical. Y esa actitud no es incoherencia sino avivatada política pensando deslindarse, ahora que le conviene, del muy poco popular gobierno del que pelechó hasta hace algunos días.
El presidente Santos ha demostrado su lealtad y su coherencia con el Proceso de Paz, atacado con ferocidad por sus enemigos, con la metodología de las mentiras, las verdades a medias y el terrorismo sicológico.
El pueblo colombiano contempla y analiza este panorama político desolador donde campean las deslealtades y las incoherencias. Y, como no somos tontos, lo más probable es que en las próximas elecciones se presente el mismo fenómeno que se presentó en Francia, hastiada de la politiquería. El fenómeno Macron.
