La inviabilidad de la castración química
La semana anterior fue aprobado en plenaria de Senado, el proyecto de ley que contempla la castración química para los condenados por casos de violación en menores de 14 años.
En efecto, la propuesta buscaba la modificación de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), estableciendo además de prisión de doce (12) a veinte (20) años, una pena de inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química por un término equivalente al doble de la condena impuesta.
Después de los debates de rigor, el Senado abolió la obligatoriedad de la inhibición hormonal y la modificó dejándola como voluntaria para los condenados que hayan cumplido su pena por abuso sexual o violación contra un menor de edad. En estos casos, el pederasta podría solicitarle al Ministerio de Salud un tratamiento hormonal que le inhiba el deseo sexual, con el fin de no volver a cometer ese delito. Deberá también registrarse ante la policía cuando cambie de domicilio.
Además de no basarse en estudios científicos sobre la efectividad de la medida, este inútil proyecto de ley en caso de ser aprobado, está condenado al más rotundo fracaso. En primer lugar, qué violador va a solicitar de manera voluntaria que le inhiban su deseo sexual si es lo que le produce placer. Después de cumplir una pena, aislado de su más depravada perversión, lo primero que hará es satisfacer su degenerado gusto.
De otra parte, esta propuesta podría violar normas internacionales como el inciso 1 del artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral"; y el inciso 2 que consagra: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Así la castración sea voluntaria, estaría en discusión su constitucionalidad pues el Estado no podría prestarse para violar la integridad física, psíquica y moral, así sea el violador de la peor calaña.
La propuesta se enmarca en populismos punitivos que no abordan la realidad colombiana y como muchas iniciativas legislativas, estará destinada al fracaso por falta de rigor legislativo
(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
