La función pública y su reproche social

Por: Amadeo González Triviño

Los seres humanos trasegamos muchas veces, por no decir que siempre, que permanentemente,  en medio de los conflictos, esa es una característica a la cual no podemos sustraernos: son las dificultades, los obstáculos diarios en la realización de cada quien, en la formación de nuestros hábitos y nuestras costumbres y sobre ellas hemos de edificar consiguientemente el entorno en el que nos encontramos, frente al cual hemos de demostrar nuestra capacidad de dominación, o por el contrario, a ella hemos de enfrentar en forma silenciosa, sin hacer o decir algo o superarla como debe ser.

En ese espacio es cuando tenemos que valorar las actitudes. Por mucho poder que se tenga, por muchas responsabilidades que se hayan asumido, todos los seres en determinado momento tenemos que dar explicaciones.

Algunos cuando traspasan el lindero de los comportamientos sociales, es cuando se enfrentan a la ley, la transgreden y se convierten en el bando de los indiciados, de los violadores de la ley, de los sujetos que reciben el reproche social y son las autoridades las encargadas entonces, de imponer mediante un juicio, una pena, una sanción, con secuelas económicas y hasta privativas de la libertad.

A su vez, los funcionarios públicos tienen un doble rasero con el cual se les juzga, por un lado, esa coherencia entre el ser como individualidad, como persona, frente al comportamiento social, a las reglas establecidas, a los procedimientos que deben acompañar sus actuaciones, para que, incluso hasta su intimidad, sea puesta en la picota pública, cuando con aquella se desdice de su actividad administrativa, de su capacidad funcional o del desempeño de sus labores.

Y se presentan a su vez, los reproches personales que cada sujeto como individualidad ha de recibir de su entorno social y que afectan su propia capacidad de ver, de observar el mundo del que se considera ajeno y que terminan por hacer parte de esos principios morales, éticos que son inmanentes a todas las personas y que se viven a diario, cuando una mirada, una actitud o una determinada palabra es suficiente de desencajarlos y hacerles perder la razón o la cordura.

Nadie quiere aceptar un delito. Nadie quiere aceptar una responsabilidad disciplinaria en el ente social al que pertenecen en el campo laboral. Nadie quiere ser objeto de censuras públicas por su comportamiento o mal proceder, porque ha hecho de su moral, de su ética y de sus hábitos, una patente que no quiere o no desea que sea asaltada o vilipendiada por el otro o por los otros, sin importar el trato, el afecto o las condiciones sociales y humanas que la ligan, que la atan a aquellos que son sus benefactores o sus aliados.

Y hay aquellos que como lo dice ese argot popular, prefieren enterrar la cabeza y seguir adelante con sus formas de ser, de espaldas a la realidad, al mundo que lo señala, al mundo que le indica un reproche o que le llama la atención, cuando aún están a tiempo de hacer o de hacerse algo, para recuperar su imagen, su voz, su autoridad.

Este pecado que se ha convertido de la noche a la mañana en el portaestandarte de muchos funcionarios públicos, en esa malquerencia hacia los usuarios de sus servicios, hacia las comunidades que deben atender, es sintomático de ese fenómeno de corrupción y de inmoralidad que se nos vino encima, donde se busca enquistar en ciertos roles de la administración a quienes ante su incapacidad o su incompetencia para asumir sus responsabilidades y moderar su forma de ser terminan siendo los verdugos y perseguidores de sus propios electores.

Es hora de que todos pensemos en la necesidad de que la función pública, termine siendo de utilidad social, de beneficios colectivos, y no esté puesta al servicio del poder de grupos elitistas acompañados de séquitos de rábulas que nada hacen y en nada contribuyen al cambio, a la transformación de nuestra sociedad.