La esclavitud clientelista en el Estado

Es una triste realidad ampliamente conocida y sobretodo sufrida por los contratistas, la creciente modalidad de ingreso al sector público mediante contratos de prestación de servicios personales,  contrariando abiertamente  la Constitución política y la Ley, así como la jurisprudencia de las Cortes.

La jurisprudencia constitucional ha prohibido expresamente el abuso de esta figura de vinculación, en el entendido que debe ser excepcional, de corta duración, para realizar actividades que no se puedan desarrollar con el personal de planta y de alta especialidad.

La del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que mientras el contrato de trabajo implica subordinación, cumplimiento de un horario y remuneración salarial por la prestación del servicio; el que nos ocupa, que se utiliza de manera indebida en las entidades estatales, genera la responsabilidad de acceder al pago de las prestaciones sociales y demás beneficios que obtienen los servidores de planta para garantizar el derecho a la igualdad.

A propósito del tema, se acaba de conocer por publicación del Espectador en su edición del pasado martes 25, la admisión de una ACCION POPULAR en un juzgado administrativo de Bogotá, mecanismo constitucional que tiene como objetivo primordial, proteger los derechos a la dignidad humana, la moralidad administrativa y la igualdad ante la ley.

De la información periodística se destacan unas cifras alarmantes para el caso específico de Bogotá en donde hoy existen 28.000 contratistas de servicios, 5 por cada funcionario de planta; lo que conduce a inferir que la burocracia del Distrito es hoy de 33.600 servidores, sin incluir los trabajadores oficiales que están vinculados mediante contrato laboral.

Pero es más alarmante saber que en la administración anterior del alcalde Petro, la nómina de contratistas alcanzó la friolera de 50.000, es decir, casi el doble de la actual. Asumiendo desde luego que tales cifras son reales, no queda bien parado el exalcalde en relación con sus posturas de moralista y eficaz administrador de los recursos públicos, fungiendo hoy como candidato presidencial con discurso demagógico de defensor de los intereses populares.

Lo lógico es entonces preguntarse qué viene ocurriendo en los municipios, gobernaciones y entidades nacionales, en donde las proporciones del despilfarro y el clientelismo politiquero hace de las suyas con tal modalidad de vinculación. Siendo evidente la violación legal atrás descrita, es obligatorio presumir el enorme riesgo de afectación al presupuesto público que ello significa, cuando la justicia contenciosa falle a favor de los eventuales demandantes para quienes la mencionada Acción Popular les dará mayores argumentos para sus justas pretensiones.

Veremos entonces un nuevo desangre fiscal adicional al de la aberrante corrupción de cuello blanco que se roba el producto de los impuestos, a cuenta de la esclavitud politiquera a que está sometido tal ejército de contratistas, pues para nadie es un secreto el chantaje político y electoral al que indignamente son sometidos por los actores políticos que los apadrinan.

Cito textualmente tres afirmaciones del informe que ilustran el entuerto.

“ Mientras sus compañeros (los de planta) reciben 15 salarios al año ( primas y cesantías), tienen vacaciones y les descuentan 8.3% por salud y pensión, ella recibe 10 sueldos y una larga lista de descuentos” “ De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores CUT al menos el 62% de los trabajadores que laboran en las entidades públicas son contratistas” En reciente llamado de atención la Corte Constitucional precisó: “ El uso indiscriminado  de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución”.

Posdata. Dada la absurda polarización generada por quienes han impulsado el proceso de paz vale la pena recordar un célebre pensamiento de la Santa Teresa de Calcuta: “ El fruto del silencio es la oración. El de la oración es la fe. El del amor es el servicio. Y el del servicio es la Paz”.