Opinión/ Creado el: 2018-10-27 03:25
La educación superior debe ser política de Estado
Colombia es una de las principales economías de América Latina y el Caribe. Y como tal, es apenas normal que sus diferentes gobiernos deberían pensar en la implementación de planes para su desarrollo social y económico, aspecto que debería obligar a la realización de planes para invertir en el talento humano.
Aunque se han hecho algunas cosas de regular impacto, los progresos en el sector educativo son muy tenues y, al parecer, lejanos. Pues es preciso atender algunos desafíos que ha venido imponiendo la actual sociedad del conocimiento. Por ejemplo, mejorar el ingreso y fomentar la equidad, mejorar la calidad, la pertinencia, estimular la gestión en todos los sentidos, e incrementar las finanzas, figuran entre algunos aspectos que es urgente atender, si no queremos continuar figurando como uno de los países emergentes del continente.
Todos estos aspectos son importantes, pero en esta oportunidad quiero referirme al tema de la financiación de las universidades públicas. Un tema que por estos días se ha convertido en la papa caliente para el presente gobierno, y para quienes tuvieron la función de elaborar y aprobar el presupuesto nacional del próximo año.
Si hacemos memoria, recordaremos que los presidentes Samper, Pastrana, Santos, Uribe, y ahora Duque, han tenido la política educativa de obligar a las universidades públicas a aumentar sus cupos para mostrar las cifras a instituciones como la OCDE, con el agravante de que el financiamiento lo han atado a esas mestas, cuando debería ser al contrario: otorgar más presupuesto para que haya más cobertura.
Hace una semana la comisión de rectores de las universidades públicas indicó que desde hace diez años hay un faltante de más de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y alrededor de 15 billones de pesos en infraestructura, bases de datos y bases bibliográficas.
A la educación se le asignaron 41,2 billones de pesos, pero estos recursos resultan insuficientes para atender la crisis financiera que atraviesan estas instituciones dese hace varias décadas. Se habla que de este presupuesto, 21 billones se fueron para servicio educativo gratuito, pago de salarios y prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos. De igual forma, de acuerdo con algunos informes, 8.5 billones de pesos fueron destinados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 3,7 billones de pesos a las universidades públicas. Y de este presupuesto asignado a las universidades públicas, cerca de 2.9 billones de pesos van para gastos de funcionamiento, y un 0.44 para inversión. El saldo se destina a cubrir otros gastos del ejercicio normal de su accionar.
Como comentó acertadamente un estudiante: estos recursos han estado, en términos reales, prácticamente congelados desde 1993. Es decir, hace 25 años que las universidades públicas tienen casi el mismo presupuesto, mientras que han multiplicado por cuatro sus estudios de pregrado y posgrado.
Así las cosas, Colombia necesita urgente que la educación superior se convierta en una Política de Estado. Es decir, que la educación superior forme parte de las estrategias centrales del país, garantizando su permanencia y desarrollo en el tiempo, y que sea absolutamente robusta, de tal manera que ninguna ideología política pueda afectarla. Pues sencillamente, es hacer que Colombia, a través de sus gobiernos, entienda que la educación pública es la mejor inversión. No es un secreto saber que el conocimiento genera riqueza, y que los países que han invertido en conocimiento, hoy registran altos índices de desarrollo social.
Colombia no puede seguir financiando sus malos manejos históricos, y dejar en deuda la inversión en el futuro. Es preciso entender, lo que dijo Frank Safford, que las economías del futuro, serán las industrias de la inteligencia.
Aunque se han hecho algunas cosas de regular impacto, los progresos en el sector educativo son muy tenues y, al parecer, lejanos. Pues es preciso atender algunos desafíos que ha venido imponiendo la actual sociedad del conocimiento. Por ejemplo, mejorar el ingreso y fomentar la equidad, mejorar la calidad, la pertinencia, estimular la gestión en todos los sentidos, e incrementar las finanzas, figuran entre algunos aspectos que es urgente atender, si no queremos continuar figurando como uno de los países emergentes del continente.
Todos estos aspectos son importantes, pero en esta oportunidad quiero referirme al tema de la financiación de las universidades públicas. Un tema que por estos días se ha convertido en la papa caliente para el presente gobierno, y para quienes tuvieron la función de elaborar y aprobar el presupuesto nacional del próximo año.
Si hacemos memoria, recordaremos que los presidentes Samper, Pastrana, Santos, Uribe, y ahora Duque, han tenido la política educativa de obligar a las universidades públicas a aumentar sus cupos para mostrar las cifras a instituciones como la OCDE, con el agravante de que el financiamiento lo han atado a esas mestas, cuando debería ser al contrario: otorgar más presupuesto para que haya más cobertura.
Hace una semana la comisión de rectores de las universidades públicas indicó que desde hace diez años hay un faltante de más de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y alrededor de 15 billones de pesos en infraestructura, bases de datos y bases bibliográficas.
A la educación se le asignaron 41,2 billones de pesos, pero estos recursos resultan insuficientes para atender la crisis financiera que atraviesan estas instituciones dese hace varias décadas. Se habla que de este presupuesto, 21 billones se fueron para servicio educativo gratuito, pago de salarios y prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos. De igual forma, de acuerdo con algunos informes, 8.5 billones de pesos fueron destinados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 3,7 billones de pesos a las universidades públicas. Y de este presupuesto asignado a las universidades públicas, cerca de 2.9 billones de pesos van para gastos de funcionamiento, y un 0.44 para inversión. El saldo se destina a cubrir otros gastos del ejercicio normal de su accionar.
Como comentó acertadamente un estudiante: estos recursos han estado, en términos reales, prácticamente congelados desde 1993. Es decir, hace 25 años que las universidades públicas tienen casi el mismo presupuesto, mientras que han multiplicado por cuatro sus estudios de pregrado y posgrado.
Así las cosas, Colombia necesita urgente que la educación superior se convierta en una Política de Estado. Es decir, que la educación superior forme parte de las estrategias centrales del país, garantizando su permanencia y desarrollo en el tiempo, y que sea absolutamente robusta, de tal manera que ninguna ideología política pueda afectarla. Pues sencillamente, es hacer que Colombia, a través de sus gobiernos, entienda que la educación pública es la mejor inversión. No es un secreto saber que el conocimiento genera riqueza, y que los países que han invertido en conocimiento, hoy registran altos índices de desarrollo social.
Colombia no puede seguir financiando sus malos manejos históricos, y dejar en deuda la inversión en el futuro. Es preciso entender, lo que dijo Frank Safford, que las economías del futuro, serán las industrias de la inteligencia.
