La dictadura de la paz
El diccionario jurídico define la expresión dictadura constitucional para señalar al gobernante que controla directa o indirectamente a las otras dos ramas del poder público, anulando la división de poderes en que se sustenta la democracia liberal. Para ciertos politólogos la dictadura se asimila a la autocracia.
Traigo a colación esta definición para sustentar la tesis según la cual, el proceso de paz adelantado por el presidente Santos con las Farc, y el Acuerdo Final suscrito entre las partes; constituyen una evidente dictadura dado que solo fueron ellos sus protagonistas, pero finalmente comprometieron a todas las instancias institucionales del poder político definido en la Constitución.
Conviene recordar que el sistema democrático descansa en la división y equilibrio de las tres ramas del poder público que garantizan los pesos y contrapesos, los cuales permiten el ejercicio del poder político para conjurar las tentaciones autocráticas del gobernante de turno.
En éste contexto, el régimen constitucional colombiano orientado en el concepto de Estado Social de Derecho, privilegia dentro de sus principios fundantes, el de la soberanía popular como origen natural del poder político.
Lo anterior explica el que se hable en las constituciones modernas de constituyente primario y derivado; para asegurar sin esquinces ni malabarismos; que el poder radica en el pueblo soberano como constituyente primario y en ocasiones lo delega en el constituyente derivado que es el Congreso, para concretar el concepto de legitimidad política que fundamente la estructura y finalidad del Estado.
Por ello se utilizan figuras jurídicas del derecho público como las de participación y representación, para permitir la dinámica funcional del Estado de Derecho como máximo garante de los acuerdos sociales que Rousseau denominó El Contrato Social.
En éste escenario estrictamente normativo y de carácter ético, es que hace su labor la política entendida ésta como el ejercicio más noble pues su única finalidad es la de buscar el bien común de todos los asociados, en condiciones de estricta igualdad y de respeto a la dignidad del ser humano.
Han sido pues numerosos los aspectos jurídicos, políticos y sociales que han acompañado el proceso de paz, la cuestionada validez del AF y su implementación legislativa.
Pero en aras de la brevedad del espacio es menester una apretada síntesis al respecto. Su origen es una decisión política unilateral del presidente Santos que transmitida a las Farc fue aceptada y se acordaron los puntos de la agenda y las condiciones de tiempo, modo y lugar de la negociación.
Se desarrollaron los diálogos durante 4 años y en condiciones de estricta confidencialidad para los colombianos, pero no así para los países facilitadores y garantes; con el fin de asegurarle apoyo al proceso en la comunidad internacional, pues era evidente que se trataba de resolver un conflicto armado interno entre el Estado legítimo y un grupo insurgente alzado en armas, con altísimo poder económico derivado de su febril actividad narcotraficante y con numerosos delitos de lesa humanidad en su prontuario criminal.
Por tanto fue indispensable tal apoyo internacional para eludir con malabarismos jurídicos el hecho indudable de los crímenes atroces y de lesa humanidad del que han sido protagonistas los integrantes de la cúpula negociadora, principales beneficiarios del AF, pues alcanzaron aparente blindaje jurídico ante la competencia de la C.P.I y para evitar la extradición.
Pero además, a cambio de la dejación de armas; de estructurar un sistema de Justicia Transicional Restaurativa donde las víctimas fuesen el centro del AF para garantizarles verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; obtuvieron la elegibilidad política, la que acaban de alcanzar; sin que previamente hayan sido juzgados, condenados o absueltos; sin reparación, sin verdad, y sin contribuir eficazmente al desmonte del narcotráfico.
Es el premio de cambiar balas por votos dicen sus defensores. Otros que rechazamos el AF en el ejercicio democrático de la soberanía popular, única fuente real del poder político; estamos anonadados observando cómo se destruyen principios y valores esenciales de la institucionalidad y cómo se fractura sin piedad el Estado de Derecho. En síntesis, el chantaje de la dictadura de la paz.
