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Opinión/ Creado el: 2018-05-13 09:48 - Última actualización: 2018-05-13 09:48

La designación de rector en la Usco

Escrito por: German Alfonso López Daza
 | mayo 13 de 2018

Por Germán Alfonso López Daza

 

El proceso de designación de rector en la Universidad Surcolombiana ha sido siempre un acontecimiento neurálgico y sensible que cada cuatro años genera movimientos, alianzas, intrigas, rivalidades e incluso demandas judiciales.

 

En virtud de la autonomía universitaria consagrada en la Carta de 1991, las universidades públicas tienen el privilegio –y la responsabilidad- de autogobernarse y escoger el rumbo que quieren tomar mediante la elección o designación de su rector.

 

Para el caso de la Universidad Surcolombiana, su normatividad interna establece que es el Consejo Superior Universitario quien lo designa. Este nombramiento se hace mediante un proceso que implica la elección de una terna por parte de dicho cuerpo colegiado y posteriormente una consulta estamentaria (docentes, estudiantes, egresados).

 

Sin embargo, debido a la composición del Consejo Superior, el factor político puede influir decisivamente en la designación. Muchos de sus miembros tienen vínculos con la clase política que necesariamente pueden incidir en algún candidato. Y uno de ellos, el gobernador, puede ser decisorio en este ajedrez político.

 

Y es que la Universidad Surcolombiana siempre ha sido vista por los políticos como un excelente botín electoral, pues además de manejar un millonario presupuesto (más de 124 mil millones en 2018), cuenta con cientos de contratistas, un régimen especial de contratación y una amplia influencia en la región.

 

Pese a este riesgo latente, la Universidad necesita de la clase política pero no para sus prácticas clientelistas, sino para gestionar apoyos y buscar soluciones a las dificultades que enfrenta la educación pública.

 

El proceso electoral actualmente abierto deberá afrontar este y otros retos como la posible judicialización de la elección como ha ocurrido en muchas oportunidades. Se hace necesario que prime la transparencia en el proceso eleccionario, se proteja la autonomía de la universidad y se garantice la independencia de sus decisiones; pero sobre todo academizar la política y no politizar la academia. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).

 


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