La democracia participativa
De las virtudes que contiene la Constitución, en contraste con algunas de sus falencias; es el haber dispuesto la transición de la democracia representativa a la de participación; constituyendo un avance en la consolidación de la soberanía popular como única fuente del poder político en el régimen jurídico de un Estado Social de Derecho.
Es paradójico que la Carta del 91 se hubiese ponderado como la Constitución ecológica y para la paz; pues con ella se privilegiaría el cuidado y preservación de nuestros recursos naturales, al tiempo que se superarían las dificultades endémicas de la violencia.
No obstante, el balance que 26 años después podemos realizar de manera objetiva frente a estos dos postulados es francamente lamentable. Ha sido el período durante el cual han ocurrido los peores desastres ambientales generados por la irresponsable explotación de tales recursos.
La deforestación incontrolada de los bosques; así como la minería ilegal y los sistemáticos ataques a la infraestructura petrolera por el ELN y las FARC, los cuales han contaminado numerosas fuentes hídricas, son entre otros, los causantes de tales desastres. Pero es necesario reconocer que a éstos ha contribuido de manera eficaz la politiquería corrupta enquistada en diversas entidades del Estado que tienen competencias legales de vigilancia y control.
Sobre el flagelo de la violencia, es evidente que en éstos 26 años hemos padecido los horrores del conflicto armado interno. A la barbarie de las guerrillas se respondió con la de los paramilitares; mientras los dirigentes y gobernantes mantenían a las fuerzas militares en los cuarteles, entretenidos todos con las gabelas del creciente narcotráfico y su nefasta consecuencia, la corrupción, que penetró con sobornos en las altas esferas del Estado.
Ahora muchos se preguntan qué nos ha pasado para llegar a los niveles de descomposición ética, moral y social que nos agobia, siendo la única respuesta válida el que estamos expiando los errores del pasado, durante el cual, para adquirir prestigio y poder, los valores y principios se cambiaron por la codicia y el afán del dinero fácil.
El régimen político actualmente vigente, debe darle paso a la democracia participativa para que el poder regrese al ciudadano y así rescatarlo de las camarillas politiqueras adueñadas de los partidos y de la administración del Estado en todos sus niveles. Los mecanismos previstos en el artículo 103 de la Carta serán, más temprano que tarde, las herramientas que permitirán darle contenido real al principio de la soberanía popular.
Las actuales dificultades del AF para la terminación del conflicto con las Farc, tienen su origen en tres casusas principales. Que nunca se consultó previamente a la ciudadanía y cuando se pretendió hacerlo con el plebiscito; el resultado fue groseramente desconocido. El afán y la improvisación para firmar el Acuerdo con el fin de viabilizar el premio Nobel. Le faltó legitimidad política al AF dado que la negociación se adelantó excluyendo a numerosos sectores de la opinión nacional y fue evidente el pretender colocarlos frente a hechos cumplidos. Pero claro, hay uno adicional y determinante. La arrogancia e insensatez de los dirigentes de las Farc que generan rechazo y falta de credibilidad.
A propósito de la Consulta del liberalismo para escoger su candidato presidencial, es curiosa la reacción de muchos ciudadanos que la han estigmatizado, pues no existe mejor mecanismo democrático para tal decisión política. Al parecer, el error de tal procedimiento consistió en su elevado costo fiscal; en las inexplicables exclusiones de que fueron víctimas distinguidos dirigentes de esa colectividad; y el rechazo a la clase política por los numerosos escándalos de corrupción.
Pero lo imperdonable, sin duda alguna, es que el gobierno niegue los recursos fiscales para las Consultas Populares, con las cuales el pueblo soberano pretende proteger los recursos naturales de la irresponsable actividad minera y petrolera, auspiciada por el negligente y permisivo control del Estado.
