La dejación de armas

Los publicitados actos ocurridos el martes 27 en los cuales se registró oficialmente la dejación de las armas individuales de los miembros de las Farc, constituyen sin duda alguna una buena y esperanzadora noticia para los colombianos. La recepción de las armas por parte de la ONU sirve de garantía para la credibilidad de su entrega a pesar de que, con sobradas razones, la opinión ciudadana reclamaba mayor visibilidad pùblica al respecto.

Por otra parte, tal acontecimiento histórico significa un logro importante del Presidente Santos y de su equipo negociador del Acuerdo, puesto que el desarme y la voluntad allì implícita de las Farc, consistente en abandonar la lucha armada y de buscar el control del poder político del Estado a través de la competencia democrática, materializa la esperanza  de que no volverán a repetirse las masacres, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, etc; delitos de lesa humanidad con los cuales alcanzaron amplio dominio en extensas regiones del territorio y obligaron a la negociación política.

La pregunta obvia en estas circunstancias es inevitable. ¿ Tal dejación de armas nos garantizarà una paz estable y duradera? La respuesta tiene diversas alternativas y por tanto debe esperarse que en tal propósito exista absoluta buena fe tanto de las Farc como del Estado.

El engorroso texto del Acuerdo Final de 310 páginas contiene numerosos compromisos para cada una de las partes y el cronograma establecido para su cumplimiento permite ser cautelosos sobre los pasos siguientes, dado que para su exitoso desarrollo, intervendrán diversos actores como el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Constitucional, los partidos y movimientos políticos, los sectores económicos, sociales y religiosos, la academia, en fin, todo el conjunto de la sociedad colombiana que sin duda alguna desea una paz estable y duradera.

En este contexto de la consolidación e implementación alcanza plena vigencia el debate anterior sobre el plebiscito del 2 de octubre, pues es indiscutible que la legalidad del proceso requiere como condición indispensable su legitimidad política sin que se insista en la desgastante y absurda polarización entre amigos y enemigos de la paz.

Ahora bien. Y de donde proviene tal legitimidad política? Sin duda alguna de la Constitución vigente que radica en la soberanía popular la única fuente del poder público y reitera que la Constitución es norma de normas y por tanto sobre ella solo prevalece la soberanía popular, principio consagrado en el preámbulo de la Carta.

Aquí radica la esencia de la polarización política que ha generado el Acuerdo de Paz. Muchos, entre los que me cuento, no dudamos en que la Paz es un bien supremo de toda sociedad civilizada, pero también entendemos que para llegar a ella es inevitable que sea por el camino recto del Derecho y de la Justicia.

De tal afirmación de principios y valores, es que se argumenta con suficiente razón que el sistema de Justicia Transicional  pactada en el Acuerdo, tiene el indudable propósito de eludir las responsabilidades penales de los principales dirigentes,  en relación con la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de Lesa Humanidad en que  incurrieron durante su lucha armada e ilegal.

Desde luego es comprensible que tal condición haya sido el punto de honor defendido por las Farc como condición ineludible para firmar el Acuerdo, así como el de la garantía de no extradición por la extensa y lucrativa practica del narcotráfico; pero aun siendo comprensible desde sus propios intereses no es justificable para los sanos intereses de la sociedad nacional e internacional.

La consolidación de la Paz que pasa por la implementación del Acuerdo, constituye la prueba de fuego donde se medirá la real voluntad de los actores, pues por una parte, deberán indemnizar a sus víctimas con sus propios recursos, entregar las 875 caletas donde reposa el verdadero arsenal de guerra, entre otros compromisos; a la vez que la institucionalidad del Estado deberá garantizarles su seguridad personal y el cumplimiento de las demás obligaciones a su cargo.