La crisis social y del derecho
Cuando se pregona la existencia de una crisis profunda en la Administración de Justicia, encontramos que por otro lado se ha convertido en una constante el asesinato de líderes sociales, los cuales crecen en la impunidad, y se quedan como simples registros históricos que se prestan para la tergiversación de su causa. No ha valido un proceso de paz que a tumbos, se enfrenta a los amantes de la guerra y a todas aquellas mentalidades enceguecidas por una violencia que ha sido alimentada por los odios, por el resentimiento y por la ausencia total de una búsqueda hacia la reconciliación nacional. Son todos los partidarios de las teorías de antaño que pregonaban ojo por ojo y diente por diente.
En este proceso del regreso a las cavernas como decíamos anteriormente, la justicia que pueda ser equitativa es la de la ley del Talión, con un ingrediente aún más grave, como lo es el hecho de que la justicia siga siendo selectiva, los funcionarios judiciales se preocupen más por las estadísticas de presentar una lucha contra la impunidad y terminan negociando hasta lo innegociable, en aras a alcanzar presupuestos de eficiencia que van en desmedro de las garantías constitucionales y legales. Y como se observa en los actuales momentos, se proyectan actos legislativos que tienen un objeto temporal, un objeto con doble sentido, para procurar el amparo y la defensa de intereses personales, antes de construir mecanismos de solución hacia el futuro. Retrotraemos la memoria para favorecer a los nuestros, pero nos olvidamos de que la historia es un constante devenir que exige propiciar soluciones prontas, inmediatas y efectivas.
Pero ahí no para todo. Ya lo habíamos advertido y se ha repetido sin cesar, la urgencia de una reforma en la Administración de Justicia, la cual tiene que empezar por reacomodar los procesos educativos en la universidad, por reacomodar el ejercicio de la profesión mediante procesos selectivos, que quienes actualmente ejercemos la profesión seamos sometidos a toda clase de exámenes de actualización y verificación de idoneidad profesional. No basta la culminación de estudios superiores, para quedar legitimados para ocupar cargos de tan alta responsabilidad como lo es la Administración de Justicia, y aún, para representar los asuntos y por qué no, los intereses de muchos ciudadanos ante los estrados judiciales.
Uno de los grandes pecados del estudio del Derecho es la improvisación, la falta de fundamentación y la pérdida por completo de credibilidad en las instituciones, lo cual se suma en un todo, para generar una hecatombe ideológica y de posturas que terminan por acomodarse según los criterios de la oportunidad y la interpretación que deba darse, no por la filosofía propia del derecho y de la norma, sino de la ocasión o del interés que ella envuelva.
Ya decía un profesor de la forma como los estudiantes se preocupan en forma descarada por perseguir la obtención de una calificación, sin importarles el contenido y el sacrificio que se debe a la búsqueda del conocimiento, y hoy, muchos profesionales que de una u otra forma alcanzaron sus títulos, están de cruces arrodillados y mendigando en plena campaña electoral, un favor, una promesa y haciendo campañas en beneficio de toda esa gendarmería de politiqueros mediocres que ejercen la profesión del engaño y del abuso, para conquistar una elección, sin importar todo el arrasamiento que deba hacerse, de dignidades, de orgullos, de personalidades y sobre todo de necesidades humanas.
Reiteramos que es urgente, necesario y prioritario, que los profesionales, los académicos y las universidades, se proyecten en liderar procesos históricos que empiecen por replantear y exigir esa adecuación sociológica de los programas de Derecho, al igual que establecer índices mínimos de coherencia y de exigibilidad en la práctica del Derecho y sobre todo, de consagración a la función jurisdiccional por parte de quienes hoy, gracias al ingreso obtenido en la Carrera Judicial, se consideran inamovibles, y elegidos en forma vitalicia en sus cargos.
