La corrupción no tiene control

Siempre se ha acompañado la política oficial, por programas de Gobierno que no representan realmente la realidad de la política oficial, sino que por el contrario, sirven de soporte para lemas y abanderar idearios bajo los cuales, se oculta la real situación para distorsionar los recursos públicos, y bajo el lema de transparencia, de presentación de proyectas y de juntas o grupos de selección de propuestas, se da una apariencia de legalidad y de eficacia a la Administración Pública.

Cuando el país nacional, cuando los electores se preocupan y se proponen luchar contra la corrupción, es cuando sin querer, descubrimos que es ésta, la corrupción la gran bandera bajo la cual, se ambientan todos los proyectos y procesos de financiamiento y de apoyo a las colectividades que trabajan por las comunidades.

Muchas veces no necesitamos pruebas fehacientes de la malversación de los recursos públicos, para entender que los procesos de concertación del gobierno nacional, departamental o municipal, llevan ese ají, ese elemento en el que es fácil entender que no se busca el cumplimiento de los fines sociales del Estado, sino que se procura perpetuar las formas que todos los días reprochamos de los gobernantes de turno, en la puesta en marcha de los programas y proyectos que beneficien a las comunidades.

La Administración de Justicia, y los entes de control, se han unido en un frenético carrusel de la improvisación, de la desidia, de la impunidad y el favorecimiento, para hacer posible que los lemas que siempre hemos demandado, de una pronta y cumplida administración de justicia, se cumplan, no terminan más que por ser parte de un ideario, de un sueño y de una fantasía a la cual, seguimos aferrados y no nos queremos despertar.

Los recursos del Estado, siguen siendo dilapidados, se sigue en todo momento utilizando las caretas y las mil máscaras que nos llenan de múltiples facetas, para que los programas del Estado se impregnen de un barniz de elegancia, de pulcritud, mientras esconde lo insano y lo bajo que se enrostra en el delito y en la malversación de esos recursos públicos.

Nuestro Estado de Derecho, ha alcanzado hoy en día, a cubrir con el manto de la presunción de inocencia que se repite sin cesar, para permitir que los delincuentes de cuello blanco, deambulen por todos los puestos públicos, alcancen los objetivos siniestros de sus postulados burocráticos y polítiqueros y que todos los dineros mal habidos en la contratación estatal, se dilapiden, se difuminen y se pierdan en el entramado de los negocios y de los testaferros, que se encargan de dar el toque mágico de legalidad, a los recursos de la contratación oficial, entre otros.

Este síntoma se da en todos los procesos públicos en Colombia, este flagelo se perpetua de tal manera, que los colombianos hemos perdido el faro sobre el cual, podamos reivindicar unos derechos ciudadanos, en tanto que la Gran Corte Constitucional, viene cercenando cada día, en forma más y más alarmante, los derechos ciudadanos y viene tergiversando los conceptos de las consultas populares y de participación ciudadana, en los destinos de la nación, todo como parte de un fenómeno, en el que, la corrupción y el desconocimiento de los derechos, es el eje, es el motor, es la base de la pérdida de identidad de ser nacionales o de ser partícipes de la realidad social y política que nos ha tocado vivir.