La contrainteligencia judicial
Por Luis Humberto Tovar Trujillo
Definitivamente, en términos institucionales, con la decisión del reconocimiento del derecho a la doble conformidad, establecida en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas), quedó zanjada en Colombia, la terrible tragedia jurídica de la jurisprudencia constitucional colombiana, sobre la prevalencia de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y su aplicabilidad en nuestro orden jurídico.
Desde la Constitución del 91, de la cual no soy tan devoto como otros que, si lo son, mas por ciertas expresiones descrestadoras, como “Estado Social de Derecho”, “Estado de bienestar”, y otras muchas que, la han utilizado para al Estado y a la sociedad, la utilizan para descrestar calentanos.
Cuando se habla de Estado de Bienestar, desde la misma fundación de la expresión, ya muchos Estados, que en principio fueron cofundadores de la expresión, ya estaban hablando del fracaso de esa forma de Estado, por la imposibilidad económica de conceder a los ciudadanos, por las inmensas desigualdades sociales y económicas, unas formas básicas y esenciales, para poder hablar de bienestar.
Significa estar bien; gozar de elementales y mínimas condiciones para poder tener una vida digna, acorde con la dignidad humana.
Volviendo al tema central, es posible que abogados, algunos de ellos de reconocida trayectoria jurídica, deambulen por las altas cortes sin pena ni gloria, mas con pena que con gloria, dedicados a ser actores de primer orden de escándalos de corrupción, que de verdaderos jurisconsultos, por fin, tomaron la decisión sabia de reconocer a plenitud los derechos fundamentales, que son derechos humanos, a todos los ciudadanos en Colombia, sin distingos de naturaleza alguna, no solo como vulgarmente se ha querido presentar, en favor de Andrés Felipe Arias, quien fue el protagonista de la tutela, pero que llevaba el mensaje de todos los seres humanos de nuestro territorio, como esencial a la dignidad humana.
Esa conquista jurídica, pese a las persecuciones detestables, que aún persisten, y demuestran la grandeza de nuestros derechos y, la bajeza de quienes con comunicados protestan por el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales.
No hay derecho a tanta bajeza y tanta ruindad, molestos por que eso genera definitivamente el destape del saldo de la verdadera corrupción de las altas cortes. Esta tutela reciente es la contrainteligencia de la rama, para saber quienes y como son los corruptos que administran y han administrado justicia.
