La bomba pensional

Los conglomerados económicos que manejan los fondos privados expresan en todos los escenarios académicos, que el país tendrá una bomba pensional, que afectaría las finanzas públicas a nivel nacional. Además, manifiestan que, si se sigue con el sistema de prima media, se volverá insostenible en las próximas dos décadas. Pero lo que, si es cierto, es que hay quienes asumen las pensiones como derecho y otras como negocio. También existen los que defienden el régimen privado de ahorro individual (RAI) y, sin embargo, se pensionan por el régimen público de prima media con solidaridad (RPM).

A través de los medios de comunicación en muchas ocasiones se informan sobre los casos más notorios, frente a los cuales el ciudadano común se pregunta no solo por la lógica política, sino por la honradez intelectual. Los trabajadores conciben las pensiones como un derecho. Los fondos privados lo conciben como un negocio.

Actualmente, las estadísticas que se poseen actualmente representan la situación lucrativa del sistema de pensiones privados en Colombia. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen 14 millones de afiliados y solo 130.000 pensionados. Recaudan $19 billones anuales y pagan unas pensiones que sobresalen por su baja cuantía. En estos 25 años de vigencia de la Ley 100/93, las AFP tienen acumulados $227 billones, producto del ahorro de los trabajadores, de los cuales el 81 % reposa en los fondos Porvenir y Protección. Es el mejor negocio para sus propietarios.  

Lo triste es que algunos líderes políticos defienden a ultranza a este nefasto sistema privado de pensiones. Debemos rechazar de plano, cualquier intencionalidad que busque modificar el sistema de pensiones del gobierno nacional a través de Colpensiones. Con el discurso mercantil que existe el peligro inminente de una bomba pensional que puede estallar en cualquier instante. Es la idea repetida, desde hace años, por los partidarios de desmontar el Estado social de derecho. Sin embargo, se trata de una falacia que, ciertamente, resulta funcional para quienes quieren eliminar el Régimen de Prima Media.

El Estado debe asumir este reto  financiero. Pero no debe constituirse en una bomba pensional. Mientras otros países gastan el 10% del PIB en pensiones, Colombia gasta apenas el 4 %, del cual el RPM no alcanza a ser el 1,5 %. Por tal motivo, lo único que existe es un imperioso deseo de los conglomerados económicos de apoderarse del negocio de las pensiones. Prima, ante todo, el interés ciudadano. Esperamos que nuestros parlamentarios huilenses hagan caso omiso de estas intenciones mercantilistas.