LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE COMO UN BIEN PÚBLICO

Por: Jorge tito Murcia

A menudo parece que los gobiernos, cuando evalúan los beneficios de un programa público, prestan especial atención a la cuestión de quien se beneficia del programa. Parece que dan más peso a los beneficios que reportan a los pobres que a los que reportan a los ricos. Sin embargo, lo que debería hacerse es sumar las relaciones marginales de sustitución, es decir, las cantidades que cada persona está dispuesta a pagar en el margen por un aumento del bien público, tratando igual a los ricos y a los pobres, máxime, en tratándose de Departamentos como el nuestro, en donde la regla de ricos y pobres parece disminuirse drásticamente, no por efecto de  buenas administraciones, sino por efectos de un mercado que cada día  quiebra y limita más el accionar de los llamados “ricos y pobres”.

El hecho de que la redistribución de los recursos por medio del sistema fiscal sea cara, tiene como consecuencia que los poderes públicos busquen distintos métodos para alcanzar sus objetivos distributivos; uno de ellos es introducir consideraciones redistributivas en su evaluación de los proyectos públicos y de la prestación de estos servicios públicos, de hecho, así lo considera la propia Carta del 91.

Uno de los bienes públicos más importantes es la gestión del Estado: todos resultamos beneficiados cuando la administración es mejor, más eficiente y más sensible. De hecho, la buena administración posee dos propiedades de los bienes públicos: no es fácil ni deseable excluir a nadie de sus beneficios, menos en un estado social de derecho como el nuestro, sin embargo, acá parece que esta regla fuera prevalente, siempre se excluye y nadie sale a dar o a exponer razones del porqué se excluye.

Si el gobierno es capaz de ser eficiente y de reducir los impuestos sin reducir el nivel de servicios que presta el Estado, todos salimos ganando. El político que lo consigue puede obtener algún rendimiento, pero éste solo constituye una parte de los beneficios que reciben los demás. En concreto, los que no votaron ganan tanto como los que lucharon por que saliera elegido y los que se abstuvieron de votar, y se aprovecharon, como polizones, del esfuerzo político de los demás, ganan tanto como los otros. Lo anterior para significar que la gestión eficiente del Estado en sí misma es un bien público, cuestión que desde el punto de vista de encaminar la participación a enriquecer dicha gestión se puede cumplir en un Gobierno seriamente participativo.

En Colombia y en el Huila, la sensación y efectiva aprehensión que tiene el ciudadano sobre la administración eficiente, pareciera que fuera quimérica, colocando en evidencia, que aún no traspasamos la frontera del hablar de eficiencia a materializar la misma en la gestión pública, que cada día se desprestigia más, no solo por la corruptela, sino por la ineficiencia y la ausencia de compromiso, que no tenemos frente a lo que es de todos, por todos y para todos.