Justicia y su denegación

Por Amadeo González Triviño

Somos convencidos de que la Administración de Justicia en nuestro país, ha sabido eludir su deber constitucional y legal con esta pandemia. La parálisis absoluta en los procesos y no propiciar mecanismos que hicieran posible la continuidad de los procesos ya iniciados y/o al menos el inicio de otras tantas acciones como se pregona del Derecho Fundamental de Acción, con el acceso a la justicia y la presentación de demandas civiles, se constituyen en un hecho sin precedentes, que deslegitima la soberanía, la independencia y sobre todo, el servicio público que le corresponde.

Es triste ver como todos los medios virtuales son una solución muy eficiente para estar en contacto la administración con sus administrados, como se acredita con la forma como el señor Presidente tiene asiento con sus ministros y asesores todos los días en todas las redes, radio, televisión, internet y demás, y buscar limpiar su imagen y presentar balances de la epidemia, con lo cual se han silenciado los verdaderos problemas de éste país.

Se le suma a lo anterior la decisión que han propuesto y se aprestan a sacar adelante muchos alcaldes de provincia, especialmente para organizar vía internet o en forma virtual los eventos folclóricos con fines de invertir los recursos presupuestales que estaban destinados para estos certámenes, porque por ley, no se les puede dar otra destinación, y quizá de contera, subsidiar y destinar recursos dentro de la mermelada con la que se pagan favores políticos todos los días.

Y en medio de todo esto, se denuncia a cada instante hechos y circunstancias que ponen en tela de juicio, esa Administración de Justicia, y hemos encontrado en este devenir un texto de Antonio Caballero publicado en la revista semana del 26 de enero del 2020, en la que se pregunta y dice con mucha preocupación: “…quién va a llevar a la cárcel a los políticos corruptos financiados por el narcotráfico? Porque a su vez los jueces, desde los promiscuos municipales hasta los magistrados de las altas cortes, han sido demostradamente susceptibles a las ofertas financieras. Ya ni siquiera la justicia está limpia en Colombia. Y esta es la fuente de la impunidad, que garantiza la corrupción generalizada del sistema”.

Qué tristeza pensar y concebir una justicia que fuera de sentirse víctima de la pandemia, cierra las puertas al desarrollo normal de sus actividades y más allá, genera esta clase de reproches y de denuncias, que son una verdadera circunstancia que modifica el Estado Social de Derecho y que cuestiona la efectividad y la imparcialidad, como fuentes supremas de una estabilidad jurídica en todo momento y de un mecanismo de aproximación a la solución de los problemas sociales de las grandes comunidades.

Este país del Sagrado Corazón, hoy de la Virgen de Chiquinquira y de todos los santos y hasta de los chamanes de entonces, siempre ha encontrado medios y circunstancias que han logrado conjurar los verdaderos problemas sociales desde sus estructuras internas, para utilizar los dramas sociales, como soporte o puerta de la evasión de la realidad y dopar a las comunidades, como sucede con los saltimbanquis de cualquier circo mundano de los que estamos acostumbrados a elegir periódicamente.

La epidemia y pandemia que se vive en el interior mismo de nuestro Estado, es aún más peligrosa que todas las enfermedades que hemos vivido a lo largo de la historia y las consecuencias son impredecibles, cuando la politiquería, la corrupción, la arrogancia del poder y la pasividad de los colombianos, han permitido que desde el atrio de los grandes catedrales, se cocinen los desgobiernos y se patrocine la inequidad social, como soporte ineludible de la democracia de papel que nos ha correspondido vivir.

La justicia no puede y no debe ser ese espejo de la política colombiana, y no puede seguir siendo el soporte para que se repitan todos los resabios y mecanismos de nepotismo que se ven y se viven en su interior, en un símil que va desde el marco del gobierno nacional, el congreso de la república y el la más precaria de las administraciones públicas en un pueblo olvidado de la patria.