Justicia sin política y sin corrupción
La Constitución del 91 ha sido ponderada como un gran hito en la historia política y jurídica del país. Sus promotores y fervientes defensores se oponen rotundamente a cualquier mecanismo que ella misma ha previsto para su modificación o sustitución, salvo claro, a los actos legislativos que introducen las mayorías transitorias que se expresan en el Congreso.
En el ordenamiento jurídico, político e institucional que se construyó por la Constituyente del 91, confluyeron diversas expresiones ideológicas y políticas como las lideradas por Alvaro Gómez Hurtado; el M 19; Horacio Serpa; Misael Pastrana; y otros sectores minoritarios de la opinión nacional.
De los diversos cambios estructurales que se acordaron por los sectores que dominaron sus decisiones, vale la pena recordar el referente al sistema judicial, siendo el más notable, el de la creación de la Corte Constitucional que sustituyó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Tutela como mecanismo excepcional para la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Para la investigación de las conductas penales, se creó la Fiscalía General de la Nación que reemplazó a la Instrucción Criminal, y como sistema procesal, tiempo después, se abolió el método inquisitivo por el acusatorio, buscando con ello ofrecer mayores garantías a los presuntos responsables.
En éste breve relato histórico es imposible omitir la creación del Consejo Superior de la Judicatura, organismo al cual se le confirió la calidad de Alta Corte, pero con funciones muy trascendentes que aún conserva, consistentes en elaborar las listas de candidatos a las magistraturas de las demás Cortes, de las cuales se escogen los reemplazos de los magistrados que ingresan a cualquiera de ellas, excepto para la Constitucional, donde son nominados por el Presidente y escogidos por el Congreso.
Hasta aquí es suficiente recordar cómo funciona nuestro sistema judicial, sin olvidar que su diseño estructural se plasmó en la Carta del 91.
La breve historia relatada termina siendo determinante, en la medida en que desde hace más de 15 años, la estructura del sistema judicial colombiano ha padecido la más grave crisis institucional de su historia. Desde el siglo pasado hizo carrera la frase popular según la cual “….la justicia es para los de ruana…”, lapidaria expresión con la que se daba a entender que era para las clases populares y campesinas.
Ahora, especialmente desde los últimos 10 años, la frase lapidaria que viene definiendo la grave crisis institucional del sistema judicial es asimilado por la ciudadanía como “…el cartel de la toga…”, expresión con la cual se refleja el intercambio de favores personales y políticos que caracteriza su funcionamiento, pero aún más grave, que muchas decisiones se adoptan en tales organismos del sistema a cambio de gruesas sumas de dinero.
Es decir que ya no es solamente la enorme influencia de los intereses políticos que se entrecruzan entre ejecutivo, legislativo y judicial, dada la estructura del sistema atrás descrito, si no que la condición ética y moral de muchos operadores judiciales, con contadas excepciones, es sencillamente lamentable, pero lo desesperante es que no pasa nada.
El episodio de la tutela concedida por la C. Constitucional al exministro Arias, en el sentido de ordenarle a la Sala Penal de la C. Suprema, reconocerle a éste el derecho fundamental de la doble instancia con relación a su fallo condenatorio; beneficio que le fuera negado luego del fallo, existiendo una expresa disposición constitucional consagrada en el artículo 93 que lo otorga, por incorporarse a su texto los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el gobierno y ratificados por el Congreso; negación reiterada al fallar una tutela; constituye un nuevo elemento que comprueba la imperativa necesidad de que el sistema judicial sea reformado de fondo para evitar que el virus de la política acabe por destruirlo. Por desgracia, no existe voluntad política para tan indispensable y urgente tarea.
