Justicia Especial para la Paz “JEP”: Impunidad y Poder Político
Por: Álvaro Hernán PradaEn las comisiones primeras del Congreso se debate sobre la ley Estatutaria que reglamenta la JEP, mientras se tramita en la registraduría un referendo para derogar 3 actos legislativos, entre ellos el que creó la JEP. Me preguntaron esta semana ¿por qué si apenas se debatía el proyecto, ya se podía “tumbar” con referendo derogatorio? Es necesario hacer unas precisiones.
El acuerdo Santos-Timochenko, estableció un sistema de Justicia, bajo un modelo de transición, donde aplicarían conceptos de justicia restaurativa, para justificar darle más peso a la verdad, la reparación de víctimas y la no repetición, que a la justicia. Con ello, justifican la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, que tendrán castigos simbólicos. Lo primero para poner en marcha este punto del acuerdo, es cambiar la constitución. El gobierno presentó un acto legislativo que fue aprobado por el Congreso y le dio vida en la Constitución Nacional, con un tribunal de cierre y varias salas. Entró en vigencia el pasado 4 de abril. El siguiente paso, es la reglamentación de esa JEP, mediante un proyecto de ley estatutaria, que debatimos actualmente y el cual ha recibido críticas, no solo del Centro Democrático sino del Fiscal General de la Nación. Mientras se discutía este proyecto, la comisión escogida por las Farc y el gobierno, nombro los magistrados, con un común denominador, antiuribistas con clara ideología de izquierda. Requisito cumplido para poner en marcha la persecución judicial como herramienta política. Si aprueban este proyecto, faltaría otro para establecer el procedimiento.
La JEP, permitirá impunidad a los criminales de lesa humanidad. No habrá un solo día de cárcel a responsables de los crímenes más atroces. Así lo disfracen, no hay sanciones reales. Luciano Marín, alias Iván Márquez, con 28 sentencias condenatorias por terrorismo, secuestro, homicidio y reclutamiento de menores, es hoy el primer senador elegido para el periodo 2018-2022, así no saque un voto. Las penas son una zumba a los Colombianos.
El proyecto sobre la reglamentación no le quita los beneficios a los desertores, disidentes o reincidentes. No castiga la mentira a pesar de ser un sistema que parte de la verdad. Si se encuentran bienes a nombre de testaferros, que no fueron declarados en su momento, simplemente se incluyen y no le quitan los beneficios de esa “justicia” ni a los testaferros ni a los dueños. Deberían ser excluidos y pasar a la jurisdicción ordinaria, para que investigue la fiscalía.
A pesar que su competencia es sobre los delitos cometidos del 1 de diciembre de 2016 hacia atrás, no es claro para el delito del narcotráfico. Si alguien relacionado con el principal cartel de cocaína del mundo, es encontrado responsable de tráfico de narcóticos en el futuro, lo juzgará la JEP, no será condenado a más de 2 años, excarcelable y con la garantía de no extradición. Estimula la financiación de su actividad política.
La JEP deja claro, que no habrá verdad porque les permite mentir, ni reparación porque ya vimos la declaración de bienes, con condones y carreteras para burlase de las víctimas, la garantía es la de repetición porque no han parado su accionar criminal y la justicia es un engaño, no existe.
