IVA a toda la canasta familiar: ¿viola la Constitución?
La reciente propuesta de reforma tributaria –mal llamada ley de financiamiento-, tiene un ambiente muy desfavorable, no solo entre la ciudadanía en general –que nunca va a querer más impuestos- sino entre los gremios y los congresistas.
En efecto, la irracional y desproporcionada propuesta del Gobierno de Duque de ampliar el IVA a toda la canasta familiar, puede tener efectos nocivos en un país como Colombia con una pobreza descomunal de más de la mitad de su población.
Y hablo de la pobreza real, no de la citada por el Dane para quien una persona que gana más de $250.620 mensuales ya no es pobre o el desempleado que vende frutas en la calle es un empresario independiente.
La promesa del Gobierno de devolver el IVA a las familias pobres promete ser un sofisma pues como ocurre con los colados en el Sisben, los recursos se pueden ir a quienes no lo necesitan y no llegar a quienes sí lo requieren.
Desde la perspectiva constitucional se tienen importantes precedentes de la Corte Constitucional que ha limitado el poder del Estado en materia tributaria, como la sentencia C-776 de 2003 que declaró inconstitucional el aumento del IVA a varios artículos de la canasta familiar, reforma impulsada por Uribe. Allí precisó la Corte la estrecha relación existente entre Estado social de derecho, mínimo vital y régimen tributario y resaltó el derecho fundamental al mínimo vital, concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, lo cual constituye un límite al poder impositivo del Estado.
De acuerdo a lo anterior, el Gobierno tiene la obligación de velar por la protección del mínimo vital de los colombianos más pobres y de la no afectación de los valores y principios constitucionales que podrán ser conculcados con semejante propuesta.
En vez aumentar el IVA, la ciudadanía espera una lucha frontal en contra de la corrupción, la evasión fiscal y el despilfarro gubernamental, aspectos que si se enfrentaran de forma decidida y con voluntad estatal, nos ahorraría la reforma tributaria que se avecina.
(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
