Inseguridad jurídica: ¿Hasta cuándo?

Cuando todos los colombianos esperábamos una decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por vía de revisión de una acción de tutela, que por tres veces se le ha negado al señor FELIPE ARIAS, quien pretende que se le reconozca el derecho a impugnar y se le dé tramite a una segunda instancia respecto de la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló responsable de unos delitos contra el patrimonio económico de la nación y lo condenó a una pena privativa de la libertad de 17 años, dicha decisión final, al redactar esta columna, aún no ha sido tomada por esa alta Corporación.

El hecho simple y llano de saber que una persona recurre a la acción de TUTELA, cuantas veces se le ocurra, es el primer detonante que en estos momentos, nos llama la atención, por cuanto, los colombianos nos alarmamos por una u otra circunstancia y demandamos que la celeridad en la Administración de Justicia, sea un avance en los procesos que actualmente se adelantan y por otro lado, que haya lo que siempre se ha denominado una pronta e inmediata administración de Justicia, con decisiones que realmente contribuyan al reconocimiento de una seguridad jurídica integral, en las instituciones colombianas.

Pero realmente, hemos perdido la brújula de lo que es y lo que representan los mecanismos o los medios para demandar o pregonar la vigencia de eso que tan rimbombantemente se repite por doquier, como el Derecho Fundamental al Debido Proceso, al igual todo lo que tiene que ver con lo se dice de que nuestra república es un Estado Social de Derecho, que ha acogido plenamente dentro de la organización interna, un presupuesto universal enmarcado y consagrado a su vez, dentro de la legislación interna, como son los tratados internacionales, a partir de lo que se ha denominado el Bloque de Constitucionalidad.

Sin embargo, es extraordinario ver como esas figuras propias del uso y abuso del Derecho, no le es permitido a todos los ciudadanos por igual, quienes a su vez, según su condición social y política, gozan de inmejorables beneficios y alcanzan un status jurídico y de reconocimiento social, que hace parte de una violación permanente, reiterada y definitiva de lo que se denomina, la transgresión sistemática del DERECHO A LA IGUALDAD, entre los colombianos.

Aquí no se tiene en cuenta ese principio, aquí todo es letra muerta, desde los mismos linderos de los principios generales de la constitucionalidad, hasta la forma como ha de interpretarse y adecuarse la aplicación procesal en todos los matices, civil, penal, administrativo, disciplinario, y fiscal, entre otros.

En COLOMBIA, no existe la más mínima posibilidad de llegar a obtener verdades absolutas en lo que a la justicia, se concierne con las decisiones judiciales, y todas están al vaivén de las revisiones, de los intereses y de las formas maquilladas con las que los sectores de la política y de la politiquería, comprendan que deben manejarse los intereses de los potentados y de sus adláteres, comodines y siervos fieles, incluso para beneficio de sus propios funcionarios judiciales.

Es triste que aún después de tres intentos o quizá más y más, se siga haciendo de nuestra Constitución una colcha de retazos, como realmente ha sucedido desde 1991, y como se hace incluso, con la actual forma de administración de los recursos del Estado, cuando a partir de una declaratoria de emergencia sanitaria, el país puede volver loco el sistema económico y social de los colombianos, a cambio de generar una mayor riqueza en unos pocos y terminar por condenar a la miseria a esa horda inconmensurable de pobres que antes de la pandemia, buscaba sobreaguar la avalancha de insatisfacciones económicas, como las que se presentan a diario en este país, ahora encomendado a la Virgen de Chiquinquirá, o como dice la Ministra del Interior, a una cadena de oración, para rescatarlo de la penuria, del dolor, de la aflicción y por qué no, del asesinato de sus líderes sociales, de la inercia del Estado en la protección y vigilancia de sus connacionales.

¿Quién ha de rescatarnos de esta hecatombe social, jurídica y humana?