Ineficiencia estatal sin control

Hace pocos días un medio de comunicación presentaba un informe sobre el estado actual y el avance de la reconstrucción de Mocoa, con ocasión del desastre sucedido con la avalancha que afecto gravemente esa población.

Se evidencia en el informe que las obras y el proyecto de reconstrucción no se han iniciado, que lo único que se destaca es la herencia de la noche del desastre, todo lo cual se encuentra incólume y sirve de testimonio de esa fecha aciaga del destino que acabó con una comunidad en gran parte y por la otra, que nos presenta la radiografía de un gobierno y de unas autoridades incompetentes, ineptas e incapaces de volver los ojos y los proyectos a la consolidación y reconstrucción inmediata de la población.

Al finalizar el informe, el periodista al hacer referencia a su patrocinador, culminó con una frase que he buscado comprender como una premonición y un anticipo de una dura realidad: “este es un informe del estado y avance de la reconstrucción de Mocoa, por parte del Gobierno Nacional, cien años después de la avalancha.”

Y no nos equivoquemos que así ha de ser, y puede que no en cien años, pero si un poco cerca de esa fecha, puede que lleguen algunas políticas y acciones que reconstruyan parte de la población, que se adopten medidas ambientales para mitigar el desastre y lo que es más fundamental que la población reciba una oportuna e inmediata atención frente a las necesidades que surgen en el proceso de restablecimiento del mínimo vital requerido por quienes sufren hoy las consecuencias de ese desastre.

Pero allí no acaba todo. Se suma que los recursos que se reciben como donativos, como aportes internacionales y ayuda para recuperar la población, como sucede siempre, se evapora, se destina a otras arandelas y puede que sí se invierta, pero no en lo que realmente se corresponde y para el fin que haya de ejecutare, se concreta en una realidad, por cuanto estamos acostumbrados en primer lugar, a cumplir los compromisos políticos con quienes se dicen representantes de la comunidad, los políticos de turno, en segundo lugar porque el dolor del otro y la ausencia de solidaridad en Colombia, es una verdad que no requiere ninguna discusión, y finalmente por que los entes de control, están en manos de ineptos que participan de las mieles del poder, para su propio beneficio y para escalar peldaños en la construcción de un mundo político al que se vinculan día a día, en la gran lucha por el posicionamiento social, a costas del erario público.

Este panorama de la vigilancia de los recursos del Estado, entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, son tan extraños y afines, que solo se unen por un resultado innegable que los entrelaza y los vincula secretamente en medio del conflicto social que vivimos: son hijos de aquellos fenómenos propios de la corrupción, que se apoderó de todos los instrumentos institucionales, para hacer de ella, la principal fuente de comportamientos sociales arraigados en nuestra forma de ser y de actuar. Por eso, precisamente por eso, es que no es posible encontrar responsables o judicializar a los autores de todas las formas utilizadas para distraer los recursos del Estado, y especialmente para que las obras y los proyectos nunca se realicen o se ejecuten, a pesar de que los recursos económicos, se desembolsen y lleguen por igual, a quienes no eran sus destinatarios.

Nuestro Estado Social de Derecho, con la clase política que regenta los destinos de ésta nación, ha abierto las puertas y ha generado todas las formas de corrupción posibles, que nos llevan a establecer que dentro de las ramas del poder público, no haya controles internos, no haya controles externos, no haya posibilidad de refrendación de unos postulados o principios armónicos de colaboración entre ellos, y solo así, logran perpetuarse en el poder y generar impunidad, injusticia, arbitrariedad y especialmente abandono de las comunidades en general, ante las necesidades primarias o las que surgen como consecuencia del devenir de la organización social misma en el entorno en el que se debaten.