Hipoteca inversa
El gobierno nacional ha venido profiriendo Decretos con fuerza de Ley, tendientes a fortalecer los conglomerados económicos y para aliviar en parte a los sectores más vulnerables del país, a través de una política asistencialista, que busca en parte, aliviar las afujías sociales y económicas en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, producto del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del Covid-19. Desafortunadamente el accionar gubernamental ha favorecido los intereses del sistema financiero generando un rechazo entre la opinión pública, que no ve la reactivación productiva del país.
Una de las iniciativas sin haber promulgado esta norma, fue anunciada por el Gobierno el pasado jueves donde se abre un nuevo mecanismo de protección para la vejez llamado Hipoteca inversa, que sería implementado en el país y con el que las personas mayores de 65 años, propietarias de vivienda, podrán tener un ingreso complementario. Aunque no se ha firmado el respectivo Decreto, la sola intencionalidad promulgada ha generado un rechazo entre algunos sectores de la opinión pública.
Al explicar el proyecto de decreto, que será firmado en los próximos días y que comenzaría a operar en el segundo semestre, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, expresó que actualmente están en la pobreza oculta. Solo tienen solo dos opciones: vender la vivienda e irse a arriendo, o hipotecar su casa. Absurda medida. Todo el esfuerzo que hace una familia para tener una vivienda propia y que por cosas del destino su situación económica, los obligue a entregarle su vivienda que van a heredar sus familiares, a los bancos quienes les van a garantizar un ingreso hasta su fallecimiento.
No hay derecho que el sistema financiero se aproveche de las necesidades con anuencia del gobierno nacional, de la mayoría de la población producto de la incoherencia en la aplicación en otrora de las medidas macroeconómicas que han lesionado su bienestar.
Es cierto que la situación que están viviendo las familias, que obligatoriamente se encuentran aisladas socialmente, están haciendo mella en su situación económica por la falta de ingresos permanentes para satisfacer sus demandas internas. Pero no hay derecho que se aprovechen de su situación precaria en que se encuentran actualmente por el confinamiento provocado por el coronavirus.
Así les presenten miles de alternativas, a las familias para colaborarles en su manutención, no se debe jugar con el futuro de ellas. Su vivienda les permite tener un techo digno donde vivir con toda su familia. Ya sabemos las amargas experiencias vividas durante la década de los años 70 y 80 con el UPAC cuando los bancos se quedaron con miles de viviendas. El presidente Duque debe replantear esta iniciativa.
