Hablemos de transparencia II
La sociedad colombiana exige que la noble actividad política recupere credibilidad y confianza para asegurar los valores e instituciones democráticas, así como para hacer posible y real la eficacia del Estado en la prestación de los servicios esenciales a su cargo como son la seguridad; la justicia; la salud; la educación; la seguridad alimentaria; y la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, entre otros; para que finalmente sea posible alcanzar una verdadera paz estable y duradera.
Los hechos comprobados de corrupción que cada día se difunden a través de los medios de comunicación, originados en la actividad política y gubernamental; están alcanzando niveles insostenibles, razón por la cual es indispensable y urgente que la llamada sociedad civil y la ciudadanía en general, apoyados por los medios de comunicación; empecemos a exigir la demostración irrefutable de transparencia y honestidad a quienes han decidido postular sus nombres a la gobernación y las diferentes alcaldías, asamblea y concejos municipales.
Preocupa, en nuestro caso, que el Huila haya sido catalogado como uno de los departamentos en donde los niveles de corrupción vienen creciendo de manera exponencial, mientras que, al mismo tiempo, se estén extendiendo de manera dramática la pobreza y la inequidad social. Sobre todo, cuando los recursos derivados de la explotación petrolera y del sistema general de participaciones, han alcanzado cifras extraordinarias en los últimos 15 años.
Denuncias, investigaciones, escándalos, obras inconclusas, despilfarro y aprovechamiento ilegal de los recursos públicos se asocian inevitablemente con la politiquería clientelista que sin duda alguna es la fuente de la corrupción.
Por ello, llegó la hora de generar un movimiento de opinión ciudadana, respetable y fuerte; que sea eficaz para exigirles a todos los candidatos, especialmente a quienes aspiran a la gobernación, que empiecen a demostrar su transparencia y honestidad, requisito de primer orden para merecer el apoyo popular que les permita alcanzar tan alta dignidad.
Carlos Ramiro Chavarro, Hector Javier Osorio, Manuel Macías y Luis Enrique Dussan, quienes hoy ostentan la condición pública y oficial de candidatos; deberían exhibir y comprobar la fuente y el monto de los recursos económicos con los cuales vienen financiando sus respectivas aspiraciones. No es ningún secreto que la intensa actividad proselitista les exige gastos considerables que se incrementan diariamente hasta llegar al día de la elección. Las normas legales que rigen la materia siempre son violadas flagrantemente y los mecanismos que utilizan los organismos de control no garantizan su eficacia.
No debemos olvidar que quienes aspiran a ser ungidos con el voto ciudadano van a disponer durante los 4 años del período constitucional de cifras muy importantes del presupuesto público, el cual se nutre de los impuestos, tasas y contribuciones que salen de nuestros cada vez más exiguos ingresos familiares.
En el evento en el cual algunos o ninguno de los actuales candidatos atendiere ésta urgente e ineludible sugerencia, la Constitución y la ley ofrecen mecanismos que permitirán obligarlos a publicar la fuente de sus ingresos y la identidad y monto de sus aportantes, así como los gastos de sus respectivas actividades proselitistas. Llegó la hora de exigir absoluta transparencia a quienes pretenden obtener el derecho de regir los destinos de nuestra tierra y el progreso y bienestar de sus habitantes.
La última información revelada por la Oficina de Transparencia señala que entre 2016 y 2018, curiosamente en el período en el que se pactó e implementó la Paz, las clientelas políticas literalmente se robaron 18 BILLONES DE PESOS. Seguiremos eligiendo a los mismos de siempre?
