Garantías electorales

El sistema político vigente tiene previstas en la Constitución y la Ley unos mecanismos dirigidos a garantizar la libertad y pureza del voto, la imparcialidad de quienes por su condición de funcionarios son ordenadores del gasto público y ejercen jurisdicción y mando en las respectivas circunscripciones electorales.

Por otra parte, el Código Penal; el Estatuto Anticorrupcíón; el Código Disciplinario, así como en el Código Electoral y las regulaciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral, encontramos multiplicidad de disposiciones que tipifican las conductas con las cuales se afecta la transparencia del sistema electoral, la igualdad legal de los partidos, movimientos y candidatos, y desde luego las sanciones correspondientes a quienes incurran en tales conductas.

La Fiscalía y la Procuraduría ejercen cada una sus respectivas competencias, pero la lamentable realidad que se evidencia en cada jornada electoral, es que toda esa maraña de normas y competencias han terminado siendo letra muerta, pues ya nadie desconoce que las campañas y candidatos promovidos por grandes financiadores privados (contratistas y concesionarios de los servicios del Estado), son los principales aportantes para financiar las costosas actividades proselitistas, para comprar las lealtades de líderes y dirigentes y en muchos casos para la compra directa de los votos.

En el escenario departamental ya se está empezando a observar la compra de líderes y el pago por adhesiones de exfuncionarios de alto nivel, costumbre clientelista propia de campañas que basan sus apuestas electorales en las maquinarias donde los apoyos y adhesiones pretenden constituir golpes de opinión para mejorar su aceptación entre los potenciales electores.

Las manifestaciones públicas que estamos observando de tales campañas cuestan un dineral pues hay que pagar el transporte, el alquiles de las sillas, repartir refrigerios, propaganda impresa, etc, pero el mayor derroche sin duda es la demagogia promesera que se repite elección tras elección.

El tema del Quimbo ha vuelto con fuerza. Las campañas de Chavarro y Dussan se esfuerzan en repartirse culpabilidades en relación con el apoyo que cada candidato hizo público en su momento cuando ejercían de congresistas. Han transcurrido ya 4 años de su operación y todavía quedan incumplimientos ambientales, económicos y sociales, pero quienes habiendo sido congresistas y luego altos funcionarios del gobierno Santos, no han hecho gestiones eficaces para hacer cumplir los acuerdos implícitos en la respectiva licencia.

Curiosamente en éste crucial tema, hace 4 años Chávarro fue inmolado por su rival, quien ahora desde la gobernación, oficia como aliado e impulsor de aquél. Esa es otra clara evidencia de la demagogia politiquera que los caracteriza.

A propósito de las garantías electorales, más allá de ellas existe una indiscutible regla ética y moral que obliga al gobernador Gonzales Villa a solicitar la suspensión temporal de sus funciones, dado que su partido CR es promotor de la candidatura de Chávarro. Ante su indelicadeza, los demás candidatos deberían exigirle al gobierno nacional, para garantizar la transparencia del proceso electoral, la suspensión inmediata del gobernador para que no siga abusando de su poder y colocándolo al servicio de sus candidatos.

Los organismos de control y las ONG que intervienen en éstos temas electorales como el MOE, deberían auspiciar y exigir el cumplimiento de las normas legales que realmente garanticen la transparencia, imparcialidad e igualdad del proceso, como también el ingreso de los aportes y la idoneidad moral de los aportantes, con el fin específico de proteger el derecho del ciudadano a elegir libre de presiones políticas o económicas.

P.D. Solidaridad total con DILBERTO TRUJILLO por las amenazas e intimidaciones al denunciar con valor civil la perversa corrupción que nos agobia.