Futuro incierto

Los colombianos iniciamos un año nuevo con una nueva realidad económica, provocada por la aplicación de una política macroeconómica incoherente, que, por un lado, busca que se creen las condiciones de un crecimiento económico sostenido, a través de la implementación de una reforma tributaria estructural, que pretende sanear las finanzas públicas, que actualmente presentan un abultado déficit fiscal. El gobierno nacional se ha vuelto insaciable en la creación de nuevas tasas tributarias para satisfacer sus apetitos burocráticos, pago de la deuda externa y de la mermelada, tapar los huecos dejados por la corrupción administrativa (Reficar, escándalos en la salud, obras públicas, Odebrecht, entre otros). La versión oficial que nos han querido vender el gobierno nacional, es que hacen falta recursos para financiar la salud y la educación, por la disminución de los precios internacionales del crudo, lo cual no justifica dicha medida alcabalera.

Lo anterior se ha constituido en el peor regalo que recibieron las familias del Estado, porque tendremos que asumir una masiva cascada de impuestos adicionales que empezamos a sufragar desde el primero de enero. Además, seguir manteniendo elevadas las tasas de interés, solo contribuye a mejorar las utilidades del sistema financiero y de los conglomerados económicos del país. Igualmente, el pago de la deuda externa está provocando una mayor erogación de recursos del presupuesto público, porque el precio del dólar se sigue manteniendo en niveles superiores a los tres mil pesos por unidad monetaria estadounidense. Además, existe una incertidumbre de los contribuyentes, porque el saneamiento de las finanzas públicas nacionales, no se vislumbre en el corto plazo, porque no se tiene asegurada la cofinanciación del proceso del posconflicto y el pago de la deuda social atrasada que tiene el Estado con los sectores más vulnerables del país.

Pero el impacto negativo de estas medidas va a recaer sobre los agentes económicos, especialmente a los hogares. El incremento del salario mínimo legal mensual que debe regir para la vigencia de 2019 se logró gracias al consenso de los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por los voceros de los trabajadores, empleadores y del Gobierno Nacional, cuyo reajuste quedó en el 6%. Lo anterior, representa un monto de $828.116 y el aumento del subsidio del transporte fue del 10%. Con estas medidas gubernamentales, no les va a permitir a los colombianos, sufragar el aumento de los precios que sufrirán todos bienes y servicios de la canasta familiar. Todo va a subir.