Desde que se firmó el Acuerdo Renegociado de Paz, entre el gobierno nacional y las Farc, se estableció claramente que en ningún caso habrá extradición por delitos cometidos antes de la legalización de este proceso. Esto quiere decir que cualquier desmovilizado quedaba exento de ser sometido a esta figura judicial que Colombia tiene suscrito con algunos países del mundo. Pero en su defecto, si se llegase a cometer cualquier acto delictivo que transgrediera la normatividad penal del país, después de firmado el mismo, se había perdido los beneficios que ofrece el mencionado Acuerdo. Estamos de acuerdo que desde que entraron en funcionamiento la Sala de Amnistía o Indultos, para los excombatientes de las Farc y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para los miembros de la Fuerza Pública y de los desmovilizados de las Farc, es indispensable que la opinión pública con altura, respetemos este proceso, con el fin de consolidar la reconciliación con este grupo subversivo en otrora, para buscar la paz anhelada con todos aquellos actores violentos, que nos quitaron el sueño y la tranquilidad durante décadas y que a la fecha han demostrado su sinceridad y su compromiso para reinsertarse a la civilidad colombiana, a través de este sistema de justicia transicional inédito en el mundo.

Pero es inaceptable que sus magistrados hayan tomado la decisión de suspender de un tajo, la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos al miembro del Secretariado de las Farc, Jesús Santrich que se había desmovilizado y había sido elegido para la Cámara de Representantes en las pasadas justas electorales, porque fue acusado por los organismos de inteligencia del país norteamericano, por tráfico de estupefacientes. Por tal motivo se encuentra detenido, mientras la Corte Suprema de Justicia dirime dicho entuerto, en que se encuentra sumida la decisión gubernamental de enviarlo a una cárcel norteamericana.

En una decisión trascendental, las comisiones primeras de Senado y Cámara avanzaron en la votación del Proyecto de Ley que crea el procedimiento para que la justicia transicional procese a los actores del conflicto armado, por lo cual, los excombatientes de las Farc que sean pedidos en extradición no podrán ser juzgados previamente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se puede inferir que los resultados electorales del domingo anterior, donde el candidato presidencial Iván Duque obtuvo un arrollador triunfo sobre el candidato Gustavo Petro y que le permiten estar en la segunda vuelta, las células congresionales que habían congelado dicha iniciativa, de manera sorpresiva aprobaron por unanimidad la suspensión de las facultades de la JEP, para que no se puedan tomar decisiones sobre los excombatientes de las Farc que sean solicitados en extradición.