viernes, 03 de abril de 2026
Opinión/ Creado el: 2019-12-16 02:30

Fraude electoral

Escrito por: Editorial | diciembre 16 de 2019

La captura de la alcaldesa del Agrado Waldina Losada Vega, junto con el alcalde electo Carlos Alberto Murcia Méndez y la concejal Bertilda Ramírez Valderrama, han generado conmoción en todo el departamento por los presuntos delitos cometidos durante la campaña electoral pasada. Después de haber realizado una excelente gestión en esta localidad y que le permitió adelantar importantes obras de desarrollo social y económico para su pueblo natal, es muy triste para sus habitantes que suceda esta situación engorrosa. Igualmente, el primer mandatario electo de los agradunos, en representación del Partido Conservador, alcanzó una votación de 2.740 votos.

La Fiscalía General de La Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos establecieron que los capturados habrían pactado un acuerdo político con el fin de que resultara elegido como alcalde, Murcia Méndez. Las evidencias materiales probatorias indican que trasladaron a varias personas no residentes para que inscribieran su cédula en el municipio. Igualmente habrían negociado votos a cambio de vinculaciones laborales, y entrega de beneficios por medio de programas de vivienda o proyectos productivos.

Son acusados por los delitos tipificados en la normatividad nacional, concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante. Genera obvia indignación conocer los detalles acerca de cómo funcionaba la supuesta maquinaria corrupta de compra de votos que le permitió ser elegido el próximo alcalde del municipio del Agrado. Si se llegasen a comprobar y a tipificar estas conductas, se constituye en una verdadera empresa perfectamente estructurada y muy bien aceitada, con el fin de poner la democracia de esta localidad al servicio de oscuros intereses de unos pocos.

Lo anterior genera en la sociedad huilenses, una evidencia que conductas como las que llevaron a estos sindicados a prisión, carcomen a pasos acelerados la credibilidad de nuestro sistema democrático. Infortunadamente estamos lejos de poder referirnos a esta organización como algo anómalo. Esperemos que las autoridades definan la suerte de éstos. Por desgracia, estas prácticas pululan en todo el territorio nacional y que en muchos casos no se denuncian y quedan en el olvido del constituyente primario.

Estas situaciones irregulares que se presentan en los comicios no pueden seguir sucediendo en nuestro país. Aun en medio de tanta imperfección, la democracia colombiana ha logrado mantenerse viva y estable. Uno de los mayores factores que llevan a los colombianos a dudar de las instituciones democráticas es la suma de decenas de escándalos de corrupción e inoperancia en el sector público, así como la violencia que a diario golpea al país.