Fiscalia sin rumbo y sin razón de ser

En un hecho singular la Corte Suprema de Justicia, decide aceptar el impedimento tanto del Fiscal como de la Vice Fiscal, para adelantar una investigación penal, por hechos y circunstancias que van más allá de la racionalidad de los negocios y los contratos, por ellos conocidos o en los cuales puedan resultar involucrados sus allegados. Impedimento que debería ser total, frente a la forma como la manipulación de ciertos procesos derivados de aquellos, están siendo utilizados para perseguir y sacar provecho o ventaja del poder dominante, por todos conocidos.  
 
Todo como consecuencia de la serie de denuncias y de confesiones de testigos que han terminado involucrados o muertos en el curso de lo que tenía que ser, un proceso trasparente y que conllevara a la certeza de las relaciones contractuales entre los dineros del Estado y las empresas privadas nacionales e internacionales.
 
Es lamentable que no se acepten en ningún momento las evidencias sobre el conocimiento de hechos constitutivos de delitos y que se quiera permanecer en el cargo, sin tener en cuenta, la magnitud del daño que ello representa para la institucionalidad, por parte de quienes, siempre amparados en presupuestos falaces, y anteponiendo postulados y principios que van más allá de la moral y de la ética, decidan enconcharse en la cosa pública y mantenerse en el poder.
 
Predicar el amparo de un principio constitucional sobre la presunción de inocencia y llegar a difundir la idea de un complot internacional en su contra, deja un sabor agridulce en quienes en todo momento, deben dejar un sello inmaculado de su trasegar público, deben ser consecuentes con la participación en diálogos o comentarios de hechos que se conocían y que ahora se distorsionan para encarar o aparentar un desconocimiento de la magnitud de la que se esconde cuando dentro del contexto mundial, las formas de corrupción han enlodado y han llevado al traste con una multinacional de la contratación pública y ha estado de por medio la política fiscal nacional.
 
Es que Colombia es un país donde quienes detentan el poder, no pueden ser tocados. Sus nombres se convierten de la noche a la mañana, en símbolos de enfrentamiento de ideas y de prebendas que se van esparciendo sobre el trasegar de las actuaciones de unos y de otros, como sucede con los bomberos, siempre y cuando, no se les pise la manguera.
 
Y la corrupción y la ausencia de políticas criminales se pretende distorsionar con cifras de imputaciones o de detenciones o de órdenes de captura y con supuestos delitos que no son crímenes que realmente hayan existido y que a la postre convocan a sendas demandas contra el Estado, por procesos fallidos, por falsos positivos judiciales, en tanto, muchos delitos nunca se esclarecen y esa suma de impunidad rayana en el noventa y siete por ciento, está revestida o amparada con funcionarios de provincia enquistados en cargos durante años y años, sin que se pueda tener en cuenta, la más mínima participación o acción para combatir el crimen y el delito o que al menos, sean porta estandarte de una sabiduría jurídica o cultural que potencialice su oficio.
 
Sea esta la hora de reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo, cuando las instituciones día a día, pierden credibilidad y se hunden más y más, en esa confusa razón de ser, entre la mediocridad, la intolerancia y sobre todo, la ineptitud por encarar y asumir sabiamente las formas de comportamiento humano, que hagan posible, aceptar responsabilidades, sin elucubraciones y sin dilaciones que rayen en el cinismo y el despropósito de la utilización del poder, para silenciar la voz de la justicia y sobre todo, para seguir aparentando una ética y una moral, que ha mucho tiempo pasó al olvido.