Financiación- credibilidad- programa
Las circunstancias económicas, sociales, culturales y ambientales que hoy enfrenta la sociedad colombiana, dependen en gran medida de las decisiones políticas que adoptan el presidente; los partidos en el Congreso; los gremios económicos; los magistrados de las Cortes; y desde luego, la opinión pública que traduce o comunica lo que cada ciudadano siente y piensa acerca de sus expectativas personales.
Naturalmente que en la evidente globalización que caracteriza al mundo contemporáneo, cada acontecimiento que ocurre sobretodo en la economía trasciende con alto grado de influencia.
En éste contexto, las transformaciones que hoy se palpan en el sentimiento colectivo permiten presumir que los viejos esquemas partidistas, vigentes desde hace tantos años en Colombia; han venido sufriendo en forma persistente la deserción de sus históricos militantes, al tiempo que han venido surgiendo nuevas alternativas partidistas y movimientos ciudadanos que pretenden recoger el descontento y las evidentes frustraciones.
La pasada confrontación presidencial que se polarizó entre Duque y Petro es una clara prueba de que los partidos históricos ya no determinan las mayorías electorales; además, reflejó de manera inocultable el alto grado de polarización ideológica causada en buena parte por el proceso de paz de la Habana.
El nuevo esquema de gobierno que ha querido implementar el presidente Duque, en su relación institucional con el Congreso y las Cortes; explica también en buena medida ese inocultable cambio en la manera de ejercer la actividad partidista, alejada del clientelismo politiquero susceptible a la corrupción que tanto daño ha hecho en los últimos 20 años. El reflejo de ese nuevo estilo de gobernar ha conducido a las dificultades que hoy se observan en la institucionalidad republicana que muchos exageran para evitar su consolidación, en la esperanza de que se regrese al contubernio, la mermelada y los cacicazgos regionales.
Capítulo aparte merece el acelerado desprestigio de las Cortes por sus decisiones caprichosas que generan desconfianza e incertidumbre, pues sus miembros, con contadas excepciones, desean seguir aferrados a sus privilegios evitando así, como ya se ha demostrado en ocasiones anteriores, que las urgentes reformas del sistema judicial no son viables a través de los mecanismos constitucionales ordinarios.
Al evaluar con objetividad lo que acontece en la actual realidad nacional obliga a llamar la atención sobre la importancia de las próximas elecciones regionales, pues para nadie es ya un secreto que, desde allí, desde las regiones, se construye la pirámide del clientelismo origen de la corrupción política que nos agobia.
Por tanto, es absolutamente indispensable que la opinión ciudadana; los medios de comunicación; los propios militantes de los partidos y movimientos actúen con responsabilidad al examinar las diferentes opciones democráticas.
En nuestro caso, de los cuatro aspirantes conocidos que buscan ser elegidos para la gobernación y los diversos aspirantes a las respectivas alcaldías; deberían ofrecerles a los potenciales electores mínimo tres condiciones básicas e ineludibles para merecer el apoyo ciudadano.
Ellas son: TRANSPARENCIA total en informar públicamente de donde y de quienes provienen sus cuantiosos recursos económicos; CREDIBILIDAD derivada de sus antecedentes personales y políticos; y un PROGRAMA serio, sustentado en las graves deficiencias que hoy presenta el desarrollo regional, las cuales no garantizan progreso y bienestar para todos los huilenses; que sea también incluyente y visionario; es decir, contrario a la demagogia politiquera y clientelista que nos ha conducido a la situación de pobreza y marginalidad que ahora padecemos.
