Feriando los restos
Muchas veces, he puesto de presente que, el contenido de la política de “libre comercio” que se ha aplicado a rajatabla en el país desde 1990, tiene tres componentes básicos: la desregulación económica que en el fondo es la más amplia libertad para la circulación de capitales en nuestro mercado interno, incluyendo la eliminación de la obligación de tributar; la privatización de todas las actividades económicas que en el dogma neoliberal está reservado para el sector privado nacional y, preferencialmente, extranjero; y la reducción progresiva de la inversión pública social que, o se entrega como un negocio más del capital privado o simplemente se elimina o minimiza.
Con un modelo que ha agotado, casi hasta la ruina, el aparato productivo interno, a los sucesivos gobiernos antinacionales de las élites dominantes, no les ha quedado más recurso, para equilibrar los déficits fiscales y presupuestarios, que vender las empresas públicas construidas con grandes esfuerzos y sacrificios por los colombianos.
Así, desde el comienzo de esta política, los gobiernos sucesivos han vendido, a menos precio, bienes tan valiosos como la empresa de telecomunicaciones – Telecom, o las generadoras de energía, v.gr. Betania, o las electrificadoras regionales, caso emblemático, Electricaribe, o los puertos: Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, o privatizamos las carreteras, o los servicios públicos domiciliarios, etc.
Con esos recursos, los gobiernos han complementado los gastos de inversión y funcionamiento del aparato estatal. Gastos que, en cualquier país serio con una economía próspera, se solventarían con los impuestos que pagan las empresas que hacen negocios en el mercado nacional. Porque, ¿quién sino los que ganan deben pagar los tributos?
Siguiendo los pasos de sus antecesores, el gobierno Duque está preparando su plan de ventas a menos precio, de activos estratégicos y vitales de los cuales dependen los ingresos gubernamentales, a largo plazo. Ahora anuncian, con la ayuda de centros de investigación privados como Anif o Fedesarrollo, es decir los interesados en el gran negocio que significa comprar al estado, la venta de otro 10% de Ecopetrol; la totalidad de Cenit, la empresa de transporte por oleoductos del petróleo; un porcentaje mayoritario de las acciones en ISA, la transportadora de energía eléctrica e, incluso, de las electrificadoras regionales, como Electrohuila, que aún quedan en manos del estado nacional.
La disculpa puede ser cualquiera: desde las necesidades de inversión en las vías 4G, hasta el pago de los subsidios para los estratos 1 y 2 en el consumo de energía eléctrica.
La conclusión es que el estado colombiano está desmantelando sus activos más preciados, como les toca hacer a las familias de escasos recursos que ante las necesidades apremiantes de la vida diaria, no tienen más remedio que empezar por vender el televisor o el equipo de sonido y terminan vendiendo la cama o los trastos de cocina.
