Opinión/ Creado el: 2018-11-17 03:52
Ética moral y renuncias
El poder para qué? Se preguntó Darío Echandía, en un momento en el que arreciaba la violencia tras el asesinado de Jorge Eliecer Gaitán. Y con el paso del tiempo, con la permanencia de esa violencia y de la corrupción como un fenómeno institucionalizado que ha menguado todos los valores ciudadanos y que ha transformado los principios de ética y de moral, es cuando tenemos que aceptar, que el poder es utilizado por quienes lo detenta, para arroparse entre las sábanas de su propio desprestigio y como una coraza, enfrentar los dilemas de la indignación y prohijarse unos a otros, respaldándose en su pasado y en sus gestas que los vinculan con la hoja negra del delito y del desprestigio de la cosa pública nacional.
El país no avizora un cambio. No hay esperanzas de que la voz de los indignados cobre realmente la dimensión que en otros pueblos del mundo, pueden generar hechos y denuncias que concitan el repudio y la censura a quienes detentan el poder.
Es ese poder precisamente, el que desde las altas esferas se encarga de silenciar, acallar y generar un manto protector que se va esparciendo en tal medida y con ese cálculo preciso y suficiente, para que las denuncias que se susciten contra uno u otro de los altos dignatarios, terminen siendo siempre, contrapuestos a ese principio universal de la infamia, como ha terminado siendo, la presunción de inocencia y la exigibilidad de una condena, como presupuesto sine qua non, para poder predicar la existencia de un punible o de un comportamiento censurable en quien es acusado, denunciado o señalado de tener nexos con el delito, con el conocimiento de hechos investigables o con los atentados contra el patrimonio del Estado.
Situación que no sucede en igual rango, en igualdad de circunstancias, cuando se trate de perseguir el delito o de buscar un chivo expiatorio para poder presentar una imagen positiva o negativa de la lucha contra el crimen o contra las formas de organización criminal, en su más basta y considerable dimensión como la que actualmente se vive y se comparte en todos los estadios de nuestra realidad social y política conocida.
Los colombianos perdimos por completo el horizonte de la dignidad. Los colombianos nos dejamos envolver por las palabras adornadas de mucha verborrea justificativa de los acontecimientos y luego del amarillismo y del sensacionalismo que se deja entrever en el curso de las denuncias, todos buscan la forma de sobreaguar, para dejar hacer y dejar pasar, sin exigir y demandar claridad y absoluta transparencia en los detentadores del poder.
Sin el más mínimo atisbo de moral o de ética, los colombianos nos hemos terminado por acostumbrar a premiar, a ensalzar y endiosar hasta con la reelección a todos y cada uno de los personajes siniestros de la vida nacional, quienes se han encargado de llevarnos a la hecatombe total en todos los preceptos humanísticos que podíamos considerar como imposibles de vivir, con una Constitución que se manipula y se transforma permanentemente al vaivén de las prebendas y de los dividendos que se puedan ofrecer a los mandos medios, para silenciar y acallar cualquier voz de protesta o de reclamo que pretenda hacerse.
El país no tiene retorno. Todo es inútil y antes de una renuncia, antes de dejar un cargo, esos hechos con los que se acusan a los funcionarios públicos de las más altas dignidades, terminan siendo la patente de la impunidad con la que se les bendice para que sigan ejerciendo como gran herencia, la inmoralidad, la antiética y la ilegalidad de un poder que antes no se sabía para que era, pero que hoy, es la base esencial de nuestra democracia representativa y corrupta que crece día a día.
El país no avizora un cambio. No hay esperanzas de que la voz de los indignados cobre realmente la dimensión que en otros pueblos del mundo, pueden generar hechos y denuncias que concitan el repudio y la censura a quienes detentan el poder.
Es ese poder precisamente, el que desde las altas esferas se encarga de silenciar, acallar y generar un manto protector que se va esparciendo en tal medida y con ese cálculo preciso y suficiente, para que las denuncias que se susciten contra uno u otro de los altos dignatarios, terminen siendo siempre, contrapuestos a ese principio universal de la infamia, como ha terminado siendo, la presunción de inocencia y la exigibilidad de una condena, como presupuesto sine qua non, para poder predicar la existencia de un punible o de un comportamiento censurable en quien es acusado, denunciado o señalado de tener nexos con el delito, con el conocimiento de hechos investigables o con los atentados contra el patrimonio del Estado.
Situación que no sucede en igual rango, en igualdad de circunstancias, cuando se trate de perseguir el delito o de buscar un chivo expiatorio para poder presentar una imagen positiva o negativa de la lucha contra el crimen o contra las formas de organización criminal, en su más basta y considerable dimensión como la que actualmente se vive y se comparte en todos los estadios de nuestra realidad social y política conocida.
Los colombianos perdimos por completo el horizonte de la dignidad. Los colombianos nos dejamos envolver por las palabras adornadas de mucha verborrea justificativa de los acontecimientos y luego del amarillismo y del sensacionalismo que se deja entrever en el curso de las denuncias, todos buscan la forma de sobreaguar, para dejar hacer y dejar pasar, sin exigir y demandar claridad y absoluta transparencia en los detentadores del poder.
Sin el más mínimo atisbo de moral o de ética, los colombianos nos hemos terminado por acostumbrar a premiar, a ensalzar y endiosar hasta con la reelección a todos y cada uno de los personajes siniestros de la vida nacional, quienes se han encargado de llevarnos a la hecatombe total en todos los preceptos humanísticos que podíamos considerar como imposibles de vivir, con una Constitución que se manipula y se transforma permanentemente al vaivén de las prebendas y de los dividendos que se puedan ofrecer a los mandos medios, para silenciar y acallar cualquier voz de protesta o de reclamo que pretenda hacerse.
El país no tiene retorno. Todo es inútil y antes de una renuncia, antes de dejar un cargo, esos hechos con los que se acusan a los funcionarios públicos de las más altas dignidades, terminan siendo la patente de la impunidad con la que se les bendice para que sigan ejerciendo como gran herencia, la inmoralidad, la antiética y la ilegalidad de un poder que antes no se sabía para que era, pero que hoy, es la base esencial de nuestra democracia representativa y corrupta que crece día a día.
