Estocada al acuerdo
En una verdadera afrenta jurídica se convirtió la votación realizada por la plenaria del Senado, donde se votó la conciliación de la Jurisdicción de Paz, que buscaba en uno de sus artículos, la creación de las 16 curules al Congreso de la república, que estaban destinadas para las víctimas del conflicto y a su vez para determinar los escaños que serían ocupados por los candidatos designados por el movimiento político de las Farc y que quedaron acordadas en la Habana para los sectores sociales de las zonas de mayor influencia del conflicto armado en otrora y que se han convertido en uno de los grandes temas de confrontación entre los defensores y detractores del proceso del Acuerdo Renegociado de Paz. Mientras la Secretaría del Congreso aseguraba que el proyecto, que recibió 50 votos a favor y 7 en contra, no cumplió con el requisito de la mitad más uno y le quedó faltando un voto, el Gobierno afirma que sí se logró la mayoría, porque hay tres senadores detenidos. La oposición plantea lo contrario. Es una interpretación matemática que no es legal, ni constitucional. La mitad más uno es 50,5 y manifestar que es 51 es improcedente. Esta tesis fue corroborada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, de acuerdo con la interpretación jurídica que emitió el equipo jurídico de dicha corporación.
Con esta definición, se convierte en una estocada mortal contra la columna vertebral del Acuerdo Renegociado de Paz, porque no se les va a permitir participar en los próximos comicios que se avecinan el próximo año. Lo anterior ha generado una incertidumbre jurídica, dado que hay plazo hasta el 11 de diciembre del presente año, para inscribir a los candidatos que van a participar en la contienda electoral del mes de marzo de 2018, donde se elegirán los representantes a la Cámara y a los senadores. Así quedó definido el panorama electoral sin la reforma política que se esperaba. Habrá que esperar, hasta el mes de marzo de 2018, el proceso de revisión que se surtirá en la Corte Constitucional, para que se diriman las situaciones fácticas y jurídicas que han influido en las mismas.
La respuesta gubernamental ha sido inmediata. El gobierno nacional instaurará una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se dé cumplimiento a este compromiso con el Acuerdo de la Habana. Igualmente va a radicar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, para tal efecto. El presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha expresado que van a continuar para que ese proyecto sea aprobado por las víctimas, pero que en el fondo, es para permitir allanar el camino para que los voceros de la ex guerrilla de las Farc, puedan acceder a las curules del Parlamento Colombiano.
