Estado impotente y cómplice
La cifras de criminalidad, violencia y corrupción en este país son simplemente aterradoras, en medio de la impotencia del Estado para garantizar la seguridad ciudadana convertida en complicidad por las decisiones de la justicia fomentadoras de la impunidad, al punto de que el que la hace, lejos de pagar por sus fechorías, el Estado le paga con su benevolencia para que las siga cometiendo. De nada sirve denunciar a los delincuentes, porque más se demoran los agobiados ciudadanos en la Fiscalía en esta inútil diligencia, que el denunciado en estar libre para seguir cometiendo delitos, conocedor de la impunidad que hace posible que el crimen pague, y por eso lo que impera es la ley de los criminales en todas sus manifestaciones.
Es más, las denuncias lo que se están convirtiendo es en sentencias de muerte, como viene ocurriendo con las mujeres que denunciaron ser víctimas de maltrato, pues según la misma Fiscalía, cada 36 horas matan a una mujer que lo había denunciado, y en los últimos 10 años fueron asesinadas por sus parejas 2.657 mujeres, que por supuesto no son casos aislados como lo dijera el congresista José Daniel López, sino “un fenómeno sistemático. De cada diez mujeres asesinadas, tres lo son por violencia intrafamiliar”. Mayor manifestación de violencia imposible, en medio de la paquidermia de la misma Fiscalía, que en un caso de esta naturaleza donde la víctima había denunciado, fue citada a declarar insólitamente 12 días después de que la habían asesinado, y tuvo que comparecer entonces ante la fiscalía celestial o infernal, ante la inoperancia de la terrenal.
Lo anterior es palmariamente demostrativo de que el Estado no está en condiciones de proteger a nadie para impedir los feroces embates de la criminalidad desbordada: ni a las mujeres, ni a los menores, ni a líderes sociales y políticos, ni a ninguno que se atreva a denunciar, pues como lo estamos viendo, producto de esa impotencia y complicidad del Estado para generar impunidad, reina la criminalidad de todo pelaje que seguirá delinquiendo a sus anchas incrementando las cifras de violencia y delitos, que quedarán como un simple registro de la barbarie que seguiremos padeciendo, mientras no tengamos una política criminal que responda efectivamente al desafío que los criminales le han planteado con altanería a la sociedad.
Y es que todos los días vemos en ascenso esas demostraciones de criminalidad impune por cuenta de la misma justicia, incluso en casos aberrantes que no deberían tener ninguna concesión, como el del robo de la alimentación escolar, donde un juez de ejecución de penas acaba de agraciar al llamado “zar” de este imperdonable crimen, Germán Trujillo Manrique con casa por cárcel para que termine de cumplir su irrisoria condena, y en poco más de un año libre para gozar de lo que se robó, y listo a seguir contratando para alimentar la empresa política familiar que tanto éxito genera para el enriquecimiento ilícito asaltando los recursos del erario. Por eso el condenado real es el pueblo colombiano con la impunidad de que disfruta la delincuencia, especialmente la de cuello blanco.
